Sáb. Sep 18th, 2021

Acomete tanto adecuar la actual normativa del Real Decreto 443/2001 sobre los efectos devastadores de la pandemia, como velar por el raciocinio y justicia ante las recientes licitaciones sobre el concurso del transporte escolar a nivel de las Comunidades Autónomas, quienes ostentan la competencia contractual en la materia.

Desde que comenzó la pandemia de la COVID-19, el flujo de servicios de transporte discrecional y regular de uso especial de viajeros en autocar en España se ha reducido hasta tal punto que muchas actividades de traslados no han vuelto a llevarse a cabo o apenas se consideran reestablecidos (turismo de congresos, programa de turismo social IMSERSO, transfer desde puertos y aeropuertos, excursiones nacionales e internacionales, eventos deportivos y culturales…). Solo hay uno, el transporte escolar, que tradicionalmente era un servicio complementario más sobre el conjunto de actividad de transporte de las PYMES de nuestro sector, si bien su continuidad en el pasado curso escolar y, si todo sigue como hasta ahora, para el próximo, se cataloga como de gran importancia para la planificación de servicios desde el próximo septiembre.

Sobre el transporte escolar, la labor de lobby de DIREBÚS ESPAÑA acomete tanto adecuar la actual normativa del Real Decreto 443/2001 sobre los efectos devastadores de la pandemia, como velar por el raciocinio y justicia ante las recientes licitaciones sobre el concurso del transporte escolar a nivel de las Comunidades Autónomas, quienes ostentan la competencia contractual en la materia.

La Direccion General de Transporte Terrestre se posiciona al lado del Sector

Desde abril del pasado año, las organizaciones empresariales representativas del sector hemos solicitado al Gobierno de España que se deje de cumplir extemporáneamente el Real Decreto 443/2001 en lo que se refiere a la antigüedad máxima de los vehículos que realizan este tipo de transporte, permitiendo alcanzar el límite de los 16 regulados hasta los 18, en península, y de los 18 a los 20 en las Islas, Ceuta y Melilla, ya que la flota que alcanzase la edad límite de antigüedad apenas ha tenido movimiento durante el pasado Estado de Alarma.

Pues bien, fruto de la labor de lobby, la Comisión de Transporte del Congreso de los Diputados aprobó por unanimidad la medida solicitada por el sector para los dos próximos cursos escolares 2021-22 y 2022-23. El proceso tramitador se llevó al Senado, si bien el calendario de sesiones previas al parón estival impidió debatirlo y acordarlo, llevándolo a septiembre.

Ya que la medida estima como fecha de inicio de la ampliación de la antigüedad el próximo 1 de septiembre, se observaba un problema de decalaje temporal para el inicio del próximo curso escolar sobre el cual DIREBÚS ESPAÑA descubrió y lo transmitió al director general de Transporte Terrestre en la reunión bilateral mantenida el pasado 1 de julio. Pues bien, D. Jaime Moreno ha elevado por carta a los directores de transporte de las Consejerías Autonómicas este hecho, “de cara a que, dentro del ámbito competencial propio de cada Administracion, pueda ser valorada y se adecúen… para facilitar su aplicación efectiva para todo el curso 2021-2022“, siendo la misiva valorada muy positivamente desde DIREBÚS ESPAÑA.

Interposición de recursos especiales en materia de contratación autonómicas

Por responsabilidad y obligación ante las PYMES del sector, DIREBÚS ESPAÑA ha considerado que resulta absolutamente necesario paralizar algunos de los actuales procedimientos autonómicos de contratación que conlleven perjuicios condicionados sobre los interesados quienes presenten ofertas para ejecutar los servicios de transporte escolar para el próximo curso, solicitándose la suspensión provisional hasta la revisión de las condiciones establecidas en los Acuerdos Marco por el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, dependiente del Ministerio de Hacienda y Función Pública.

Región de Murcia, Castilla-la Mancha, País Vasco, Andalucía,…., y así todas aquellas Comunidades Autónomas en las que las reglas del juego ya de inicio encorseten la libre competencia y las condiciones justas para optar a poder presentar ofertas por las PYMES de cada región.      

Por Mayte Rodríguez López

Periodista especializada en movilidad y transporte público de viajeros. Editora de las revistas Carril Bus y City Motion

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