Mar. May 24th, 2022

A causa del incremento de los precios de la energía, el sobrecoste que el sector está asumiendo en comparación con inicios del año pasado asciende a más de 700 millones de euros. Estas cifras ponen en cuestión la sostenibilidad económica del sector, generando enormes problemas para los ayuntamientos y las empresas prestadoras del servicio.

ATUC, la Asociación de Transportes Públicos Urbanos y Metropolitanos, estima un sobrecoste de 1.367,5 millones de euros en 2022, si la situación actual del transporte público no se reconduce. Una previsión muy significativa teniendo en cuenta que el volumen total del negocio en el sector es de 5.000 millones de euros, lo que supondría un 27% del total de la facturación.

Las causas de esta dramática situación vienen dadas, por una parte, por los efectos de la covid, de los que el sector aún no se ha recuperado. En este sentido, la pandemia provocó unas pérdidas reconocidas en el año 2020 por la administración de 1.082 millones y en 2021 el descenso medio del volumen de pasajeros fue del 32% en comparación a 2019. Aunque la previsión para 2022 es de mejora, todavía se espera un índice de ocupación media del 85%, lo que provocará unas pérdidas por vehículo de unos 32.000 euros.

Por otro lado, debido al descomunal incremento de los precios de la energía en todas sus formas, el sobrecoste que el sector está asumiendo en comparación con inicios del año pasado asciende a más de 700 millones de euros. Si en los autobuses los costes de energía previstos para 2022 ascienden a 207 millones de euros, en el modo ferroviario (cercanías, metros y tranvías) se dispara a 495 millones de euros debido al aumento del precio medio por kWh.

Estas cifras ponen en cuestión la sostenibilidad económica del sector, generando enormes problemas para los ayuntamientos y demás administraciones competentes, que se ven obligadas a dar el servicio sin medios para asumir esta situación, y las empresas prestadoras del servicio, que no pueden soportar los sobrecostes con las concesiones actuales.

Si bien es cierto que la subida de los precios del combustible ha incrementado ligeramente el volumen de viajeros en el transporte público, las cifras de pasajeros aún se encuentran al 80% en comparación con el volumen de 2019. “La escalada de los precios de la energía supone al conjunto de sector unos sobrecostes que, añadidos a la disminución en los ingresos por la venta de billetes como consecuencia de la covid, crea una situación insostenible”, comenta Miguel Ruiz, presidente de ATUC.

En el caso del transporte público impulsado por energía eléctrica, como el metro o los trenes de cercanías, el impacto puede implicar un incremento del coste del 400%. Asimismo, el incremento medio del precio del carburante en el año 2022 supone un coste medio de 10.314 euros por autobús. En el caso de los vehículos de gas natural, el incremento medio del coste por carburante en el año 2022 por autobús será de 39.456 euros.

Propuestas del sector

En este contexto, la Asociación de Transportes Públicos Urbanos y Metropolitanos (ATUC), demanda al gobierno una serie de medidas a corto plazo con el objetivo de paliar la crisis del sector y recuperar la apuesta por la movilidad sostenible, entre las que destacan:

  • Autorización por parte del Gobierno a que los contratos de concesión puedan indexarse al coste del precio de la energía, al tratarse de una situación absolutamente excepcional y sobrevenida y con el fin de reequilibrar dichos contratos.
  • Establecimiento de ayudas directas al transporte público que compensen el extraordinario incremento de precios energéticos y hagan viable el desarrollo del servicio, incluyendo medidas de subvención para los costes del gasoil, como ya han hecho otros países de la UE, como Francia y Portugal.
  • Tratamiento similar al de las industrias intensivas en consumo eléctrico para las empresas operadoras de transportes ferroviarios.
  • Reducción de los impuestos que gravan la energía.

“El transporte público, que sigue trabajando para implementar medidas que reduzcan el consumo, así como promover las fuentes renovables, no ha podido aún retomar la normalidad previa a la pandemia. El impacto de la crisis sanitaria continúa generando unos costes adicionales, que, unidos a la extraordinaria subida del precio de la energía, está provocando graves problemas económicos para un servicio público que, no olvidemos, es el único que garantiza en nuestras ciudades la plena accesibilidad a un derecho tan básico como es el de la movilidad de toda la ciudadanía en igualdad de condiciones”, añade Miguel Ruiz, presidente de ATUC.

Por Mayte Rodríguez López

Periodista especializada en movilidad y transporte público de viajeros. Editora de las revistas Carril Bus y City Motion

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