La subida de la energía y de más de un 300% del gas afectan enormemente al transporte público. Las asociaciones de empresarios del transporte alertan al Gobierno sobre los perjuicios de esta alarmante subida

El precio se ha incrementado en un 24% en apenas lo que va de año 2022

El gobierno prepara además una subida fiscal directa que también supondría un aumento en el precio final

En 2019, el transporte de viajeros por carretera desplazó a más de 3.100 millones de viajeros al año, comunicando a más de 8.000 poblaciones y generando empleo para 95.000 personas.

Los precios del gasóleo y de la energía llevan meses incrementándose sin tregua. El transporte profesional es el más sensible a esta subida, viendo aumentar sus costes de explotación de forma alarmante. La situación se produce en un momento de crisis, en el que las empresas no han recuperado su actividad normal y aún están lejos de ello. Las asociaciones Empresariales piden a la administración española medidas de apoyo a los miles de empresas afectadas.

Rafael Barbadillo, presidente del Comité Nacional de Transporte por Carretera, nos comentaba que piden una revisión de las tarifas al igual que la construcción, para compensar ese encarecimiento. También hacía alusión Barbadillo a las ayudas de países como Portugal que ha compensado económicamente a las empresas dando una ayuda por autobús. El recién reelegido presidente del Comité Nacional de Transporte nos comentaba que lleva meses pidiendo ayudas a la Administración para compensar estas subidas y su repercusión en las empresas. Unas empresas que tiene que hacer frente ahora a la devolución de los préstamos ICO pedidos durante la pandemia y que aún no sabe como se regularán los nuevos ERTES.

Pero no solo el gasóleo está sumando máximos históricos, el gas ha multiplicado su precio en más de un 300%. Barbadillo alerta de esta situación, “hablamos de una energía no contaminante en una época donde la descarbonización de la economía es fundamental, de modo que esta subida del gas, considerada energía alternativa y menos contaminante, no es entendible”.

La electricidad también suma máximos históricos y también supone alerta. La electrificación del parque urbano es un hecho incuestionable y potenciado e incluso exigido por muchas administraciones para construir sociedades más saludables. ¿Dónde encajan estas subidas energéticas en ese entramado?

De hecho, según nos informa ATUC, más de una docena de operadores de transporte público ferroviario metropolitanos de las principales ciudades y áreas metropolitanas han firmado la carta dirigida a la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, para exponer su situación. El sector, aún perjudicado por la pandemia, reclama que se articulen mecanismos de compensación económica que contribuyan a minorar las pérdidas causadas por la subida de los precios de la energía eléctrica

Mediante este comunicado solicitan a la ministra que se articulen mecanismos de compensación económica a los operadores de transporte público ferroviario que contribuyan a minorar las pérdidas causadas por la subida de los precios de la energía eléctrica y garantizar así la prestación de dichos servicios con normalidad, así como la máxima calidad y eficiencia.

Según indican los portavoces del sector, desde el mes de mayo, han visto multiplicarse por cinco el precio de la energía eléctrica, un hecho que influye enormemente en este tipo de modo de transporte y que agrava la situación de un sector particularmente perjudicado durante la pandemia y que ha visto mermados los ingresos a causa de la enorme caída de la demanda. Además, la incertidumbre actual del mercado eléctrico, que continúa con una fuerte volatilidad en los precios, impacta de forma directa en las previsiones realizadas actualmente en las cifras finales de los costes de la energía para las cuentas de los próximos ejercicios.

El transporte público, que sigue trabajando para implementar medidas que reduzcan el consumo, así como promover las fuentes renovables, no ha podido aún retomar la normalidad previa a la pandemia. Las restricciones de aforos y la aplicación de los protocolos de sanidad continúan generando unos costes adicionales, que, unido a la subida del precio de la energía, está provocando graves problemas económicos para el sector.

Más difícil para el discrecional

Lo comentaba Barbadillo, las caídas de actividad del discrecional aún son del 60% respecto al 2019, siendo el sector más afectado por la crisis económica. Aquí, la subida de tarifas, al ser contratos privados, es más complicada, nos decía. Y por este mismo motivo desde CONFEBUS piden 80 millones de euros en ayudas directas para el mismo.

Luis Angel Pedrero Garcia, presidente de ANETRA y Vicepresidente de AETRAM, nos comentaba en la misma línea que se deben adoptar medidas temporales con carácter de urgencia. “Desde ANETRA apostamos por las ayudas directas a las empresas discrecionales y turísticas, las más afectadas por la crisis económica de la pandemia sanitaria que están viendo como sus costes se disparan por la salvaje subida del combustible.”

Otras medidas que desde ANETRA van a solicitar son las de rebajar los impuestos del gasóleo para los transportistas, la exención del pago del impuesto de circulación o ampliar el porcentaje de la devolución del gasóleo profesional, pasando incluso por compensar esta subida con la concesión de un “cheque carburante”.

Igualmente desde Direbus ya han instado al ministerio de Hacienda para para que la deducción del gasóleo profesional pase a ser mensual.

En palabras de su presidente, Alfonso Taborda, “en el tema del gasóleo profesional, aparte de mantener la deducción reconocida por ley de toda la carga impositiva que supere en cada momento el mínimo comunitario, se solicita dejar de financiar la medida, ya que actualmente el período de pago por parte de la Agencia Tributaria es trimestral, debiendo adecuarse al mensual, similar al pago de la factura de combustible que realizan las PYMES sectoriales”, afirman desde la asociación de discrecionales, DIREBUS..

ATEDIBUS, Asociación Andaluza de Empresarios del Transporte de Viajeros en Autobús, es una de las primeras asociaciones que se quejaba de la situación alertando del grave problema que supone la imparable subida del gasóleo, que al cierre de esta edición seguía acumulando máximos históricos. Sin duda, este coste es clave para una empresa de transporte, afectando a su viabilidad y su balance económico.

“Es una situación insostenible que exige medidas urgentes por parte de las administraciones”, nos comentaba el Presidente de Atedibus, Manuel Gutiérrez Zambruno.         

Pero desde la asociación nos alertan también del peligro de encarecimiento también por una anunciada subida fiscal. “Además, de confirmarse la subida fiscal, habría otro incremento en el precio final. Una situación que supone otro perjuicio más para el sector del autobús que, sin ayudas, ha visto como el incremento del gasóleo has sido nada menos que del 37% desde mayo de 2020, meses en los que también hubo un corte de las rutas escolares, sin actividad turística y sin apoyo de la administración”.

También desde la asociación andaluza nos recuerdan que las ayudas de la Administración han sido insuficientes y tardías para las empresas, haciendo peligrar muchos puestos de trabajo, cuando aún no se ha afianzado la supuesta recuperación económica. Y todo, a las puertas de una nueva temporada turística, en la que; al menos, se espera llegar al 80% del número de visitantes que se alcanzó en 2019.

«El profesional del autobús recibe otro duro varapalo en uno de sus aspectos más importantes, el suministro de carburante de los vehículos. No entendemos este tipo de subidas tan abusivas y que, en caso de producirse afecten tanto de manera directa al profesional. Es necesario activar medidas con las que podamos paliar la situación, o bien con ayudas directas o la reducción de la presión fiscal», apuntaba Manuel Gutiérrez Zambruno, presidente de ATEDIBUS.

Estas políticas fiscales y económicas chocan además de frente con los retos de sostenibilidad y reducción de emisiones que se ha marcado el gobierno y la Unión Europa de cara a 2030. «No se puede pretender que estemos a la vanguardia de los retos de sostenibilidad, con vehículos ecológicos, siempre invirtiendo en mejoras de calidad y respetuosas con el Medio Ambiente, y tratando de aumentar el número de viajeros en transporte público, con estos obstáculos tan perjudiciales, pretendiendo cobrar por pasar por autovías, sin ayudas, o con estas subidas en el gasóleo». 

Desde la federación catalana de transporte de viajeros, FECAV, José María Chavarría, ha explicado que ”ante el incremento de costes en las empresas de transporte de viajeros por carretera, derivado entre otros factores por la subida del precio del carburante y la energía, con subidas que alcanzan el 30%, desde FECAV hemos trasladado la preocupación del sector a la Administración, con el objetivo de implementar medidas que garanticen la satisfacción de los costes reales asociados a efectos de garantizar estándares de calidad para la prestación de servicios. Así, por ejemplo, consideramos que los actuales precios de gasóleo deberían reflejarse directamente y de forma automática como una revisión al alza de precios”.

El Presidente de la patronal ha remarcado que “en estudios económicos realizados por FECAV se pone de manifiesto los perjuicios que sufre el sector sin una actualización de precios y la vulnerabilidad financiera que ello implica a las empresas, como consecuencia de la congelación de precios y tarifas que impiden que las empresas dispongan de buena salud en términos económicos”.

Por su parte, la Federación Valenciana de Empresarios del Transporte y la Logística (FVET) ha advertido de la incesante escalada del precio del combustible, que ya supone un 36% más de coste medio anual para las empresas transportistas.

Según datos del Observatorio de Costes del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma), si en 2020 el combustible de un solo vehículo articulado de carga general que ha recorrido 120.000 kilómetros al año ha supuesto 31.600 euros de coste anual, en 2021 el mismo recorrido ha implicado 42.888 euros. Para una empresa con una flota de cuatro vehículos, el gasto anual asciende a 171.332 euros, y para una de ocho, la media de vehículos de las empresas que integran FVET, asciende a 343.104 euros al año.

Para la Federación el escenario es “preocupante” porque la escalada de precio no cesa: en diciembre de 2021, el precio del carburante se situaba en 1,35 euros por litro, y esto se traduce en 4.725 euros al mes por vehículo solo en este concepto. “El combustible supone el 31% de los costes totales de las empresas del sector, una de las partidas más significativas. Su aumento lo notamos mes a mes, vehículo a vehículo. Sin posibilidad de poder repercutirlo, el incremento del precio podría poner fin a muchas empresas transportistas de la Comunidad Valenciana”, asegura Carlos Prades, presidente de FVET.