El proyecto de ley regulará más de 13.000 empleos y 1.000 millones de euros de ingresos procedentes del sector VTC en la comunidad

Con apenas cinco meses para el final del periodo transitorio de 4 años establecido en el Real Decreto Ley 13/2018, también conocido como ‘Decreto Ábalos’, la Comunidad de Madrid ha anunciado hoy la aprobación del proyecto de ley que regulará la VTC. Esta ley modificará la Ley 20/1998 de Ordenación y Coordinación de los Transportes Urbanos, permitiendo que la VTC pueda seguir desarrollando su actividad y salvaguardar la convivencia de diferentes modalidades de transporte en la región.

La Comunidad de Madrid se convierte en la primera de España en garantizar la continuidad de un sector que da empleo a más de 13.000 personas y genera 1.000 millones de euros sólo en la capital. La Comunidad de Madrid opera actualmente el 45% del total de licencias VTC de España, un total de 7.908 licencias.

Esta ley responde a las demandas de los madrileños ya que, según un estudio realizado por Metroscopia, el 86% está a favor de que se regule la VTC para que pueda seguir trabajando más allá del período compensatorio. Asimismo, un 62% de los ciudadanos encuestados se opone a la imposición de restricciones como el tiempo mínimo de precontratación.

Declaraciones de Ignacio Manzano, presidente de ASEVAL:

“Celebramos que la Comunidad de Madrid haya dado este paso decisivo para salvar la VTC, un sector que genera miles de empleos estables e inversiones. Somos una industria en crecimiento y un pilar fundamental para miles de familias que trabajan de manera directa e indirecta en el sector de la VTC. Además, contamos con el apoyo masivo de la sociedad española, que ve en nosotros una alternativa que cubre sus necesidades a la vez que contribuye a eliminar vehículos particulares de las calles y a acelerar la transición al vehículo eléctrico”.

“El resto de las comunidades autónomas no pueden mirar hacia otro lado en este momento. Nos jugamos el futuro de miles de trabajadores y cientos de empresas, que se han visto contra las cuerdas debido a la inseguridad jurídica que impera en el sector desde el decreto Ábalos de 2018. Es inaplazable que las administraciones públicas, tanto el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana como las comunidades autónomas, tomen una decisión que permita garantizar el futuro de las VTC en toda España”.