El concurso Bilbao-Castro Urdiales, anulado por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid

jueves, 27 de febrero de 2014

La sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha estimado el recurso interpuesto por Globalia Autocares contra el pliego de condiciones del concurso Bilbao-Castro Urdiales. Se trata de la quinta vez que el tribunal madrileño anula un pliego de condiciones de Fomento.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha considerado que el derecho de preferencia del anterior concesionario está derogado por el Reglamento CE 1370/2007 y por la legislación de contratos del Estado. También considera nulo lo establecido para la subrogación, ya que ésta “sólo cabe hacerla obligatoria si está prevista en las normas laborales o en los convenios colectivos”.

Asimismo, declara nulo lo referente a la ponderación de tarifas y expediciones, por el escaso peso que se otorga a estos conceptos y por el reparto que establece de los puntos de estas ponderaciones.

La licitación de este concurso ya fue objeto de otra sentencia en 2013, cuando la Audiencia Nacional falló en contra de la exclusión del Grupo Acha, al que pertenece la empresa Encartaciones, en el concurso público por la línea de autobús Bilbao-Castro y ha obligado a que se retome el concurso en la fase anterior a la adjudicación.

La Dirección General de Transporte Terrestre, del Ministerio de Fomento, adjudicó el 3 de julio de 2012 el concurso público del servicio de transporte de viajeros por carretera entre Castro y Bilbao a la firma International Regular Bus Castro, S.L.

En dicho concurso participaron once empresas, entre ellas Encartaciones S.A., del grupo Acha, que venía prestando este servicio durante décadas. El Ministerio excluyó del concurso a la empresa de Grupo Acha por entender que había cometido “defectos de forma” en su oferta.

Encartaciones S.A presentó un recurso ante la Audiencia Nacional. En la sentencia, la sección 3ª de la Sala de lo Contencioso Administrativo le ha dado la razón ya que ordena “anular y revocar los actos administrativos por los que se excluyó su oferta”, y falla “que se retrotraigan las actuaciones administrativas al momento en que tuvo lugar la exclusión”, a la vez que desestima las alegaciones del Ministerio de Fomento y de la firma adjudicataria.

Por Mayte Rodríguez López