El Tribunal Central de Recursos Contractuales se pronuncia sobre la subrogación del personal en Asturias

jueves, 29 de mayo de 2014

El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, dependiente del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, ha resuelto que el procedimiento para la licitación del servicio público de viajeros de uso general entre Avilés y Luanco está siendo tramitado por el Consorcio de Transportes de Asturias (CTA) de conformidad con la legislación vigente.

Asimismo, el tribunal entiende justificado el planteamiento del CTA que establece que la plantilla a subrogar esté formada por 12 conductores y que el criterio de selección sea el de mayor a menor antigüedad, de conformidad con la documentación expedida por la Tesorería General de la Seguridad Social. El conflicto se remonta al momento en que la Administración finalizó el contrato con Empresa Roces por incumplimiento y siete trabajadores presentaron recursos por no subrogar sus contratos a la UTE que presta el servicio de forma provisional en estos momentos. Además, algunos trabajadores del anterior concesionario que no eran fijos en el servicio pero realizaban tareas puntuales también impugnaron el pliego.

A partir de ahora, una vez resueltos estos recursos y a la espera de interpretar la documentación aportada por dos trabajadores relativa a sus situaciones de alta y baja en la Seguridad Social, el CTA procederá a tramitar una nueva licitación del servicio. La primera licitación quedó desierta tras haberse presentado una sola empresa fuera de plazo.

Esta resolución es la primera decisión del máximo órgano nacional de resolución de recursos en materia de contratación administrativa desde la reforma de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres aprobada en el año 2013, relativa a subrogaciones de personal en el caso de sucesión de contratistas en transportes regulares de viajeros por carretera de uso general.

El CTA celebra la resolución al entender que permitirá abordar la contratación del servicio con una mayor seguridad jurídica para las empresas interesadas.

Por Mayte Rodríguez López

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