La CE admite que la normativa UE no cubre los servicios de coche compartido pero cree que deben regularse y tributar

viernes, 20 de junio de 2014

El pasado 31 de marzo, el Tribunal de Comercio de Bruselas falló en contra de la empresa Uber (servicio de coche compartido que pone en contacto a conductores y pasajeros de forma parecida al servicio del taxi) y le prohibió prestar sus servicios. La sentencia motivó unas declaraciones de la comisaria de Agenda Digital, Neelie Kroes.

Ésta, visiblemente enfadada, criticó la sentencia por ir en contra de las nuevas tecnologías y realizó una serie de descalificativos personales hacia la ministra de Transportes belga y los jueces responsables del fallo. Los eurodiputados belgas Marc Tarabella y Jean Louis Cottigny han preguntado a la Comisión Europea si la comisaria Kroes estaba expresando su opinión personal en estas declaraciones y si el hecho de atacar una sentencia y reírse o insultar a una ministra es algo normal en un comisario.

En respuesta oficial de la Comisión Europea, la propia Kroes alegó haber expresado su opinión con respecto al contexto y a los efectos de la decisión judicial, sin pretender jactarse del tribunal ni de sus miembros. En particular, la comisaria señaló que el ejecutivo europeo está de acuerdo con que ciertos servicios requieren reglamentación y que los proveedores de los mismos deben pagar impuestos y proteger a los consumidores. Por otra parte, Kroes ha afirmado que la Comisión cree que la economía digital, las herramientas digitales y los servicios pueden desbloquear el potencial de emprendedores innovadores, proporcionar al consumidor más opciones a precios más competitivos y desencadenar crecimiento económico.

En esta cuestión acerca del coche compartido, la Comisión Europea se ha pronunciado de manera oficial en dos ocasiones. En la primera, el comisario de transportes Siim Kallas emitió una declaración oficial y vinculante para la Comisión Europea señalando que no hay legislación UE aplicable a los servicios de coche compartido y que su regulación (respetando los principios de proporcionalidad, no discriminación y libertad de establecimiento que recogen los Tratados de la UE) compete a las Administraciones nacionales, regionales y municipales. En la segunda, el mismo Kallas reconoció que la Comisión no tenía datos sobre la expansión de la práctica del coche compartido en los países de la UE, aunque admitió que se apoyó el proyecto Momo (2008-2011) para recoger las prácticas de promoción desarrolladas a nivel local.

Por otra parte, la comisaria Kroes ha reaccionado nuevamente de manera extraoficial en su blog personal sobre la decisión del ministerio de Fomento de multar a las empresas sin licencia administrativa que ofrezcan servicios de transporte con ánimo de lucro y a sus usuarios. Kroes se muestra partidaria de no prohibir las aplicaciones de taxis porque resultan útiles y porque son muestra de la innovación que se necesita para satisfacer mejor a los consumidores. No obstante, Kroes sí que insiste en que los conductores de la economía compartida deben pagar impuestos y jugar con las mismas reglas de mercado que el resto.

Por Mayte Rodríguez López