El TSJ de Valencia rechaza los argumentos del Estado para reducir la devolución del céntimo sanitario

jueves, 19 de septiembre de 2014

Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad valenciana ha rechazado los argumentos del abogado del Estado para moderar el cobro del céntimo sanitario y ha optado por un criterio de devolución sin límites de ningún tipo, tal y como reconoció el Tribunal de Justicia de la UE el pasado 27 de febrero.

En concreto, el abogado del Estado argumentó que existe riesgo de dobles devoluciones de un mismo pago tributario, dado que tanto los sujetos pasivos como los sujetos repercutidos están legitimados para solicitar la devolución de ingresos indebidos.

Además, el abogado de la Administración asegura que no debe procederse a la devolución en su totalidad de las cantidades abonadas por el Impuesto, sino únicamente la parte del gravamen que exceda de los tipos mínimos de imposición de los hidrocarburos que se contemplan en la Directiva 2003/96/CE.

Sin embargo, el Tribunal rechaza todos estos argumentos. Sobre la posible doble devolución, el fallo comenta que, si bien los sujetos pasivos del impuesto ostentan legitimación para solicitar la devolución de los ingresos indebidos, en ningún caso pueden ser los beneficiarios de la devolución, pues esta cualidad únicamente corresponde al consumidor final -el sujeto repercutido-.

En cuanto a la prueba de la cantidades reclamadas, para el Tribunal, está fuera de toda duda que, iniciado un proceso judicial, la valoración de la prueba, así como la respuesta a las pretensiones de la partes, es algo que corresponde a la jurisdicción, no algo que haya que remitir a la valoración de la Administración.

El fallo va más allá y asegura que, con independencia de otro tipo de consideraciones, "lo cierto es que resulta difícilmente asumible la pretensión de mantenimiento de la vigencia o eficacia, aunque sólo sea en parte, de un impuesto que ha sido declarado contrario al Derecho de la Unión Europea". Por ello, aceptar la pretensión del abogado del Estado supondría desconocer el carácter vinculante de la sentencia de 27 de febrero, máxime teniendo en cuenta que tal sentencia no atendió la expresa y específica alegación que adujo España en sus alegaciones presentadas ante el TJUE.

Por Mayte Rodríguez López

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