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El Anteproyecto de Ley del Sector Ferroviario suprime el canon anual de acceso a la red

miércoles, 18 de marzo de 2015

El Consejo de Ministros ha recibido un informe de la ministra de Fomento sobre el Anteproyecto de Ley del Sector Ferroviario, que propicia la apertura de la red para potenciar el uso de la alta velocidad. Esta Ley supone un nuevo marco jurídico completo aplicable al sector ferroviario.

La normativa vigente desde 2003 ha sido objeto de varias modificaciones en los últimos meses para acometer reformas estructurales. Entre ellas, destacan la integración de Feve en Renfe y ADIF; la división en Renfe en cuatro sociedades; el paquete normativo que ha permitido iniciar la liberalización de los servicios de transporte de viajeros y la reorganización de ADIF y la creación de ADIF Alta Velocidad.

En el anteproyecto se establece un nuevo sistema de cánones con el objetivo de incrementar el uso de la red de ferrocarriles española. Entre otras novedades, destaca la supresión del canon anual de acceso a la red y la bonificación de la puesta en marcha de nuevos servicios ferroviarios.

En materia de transporte de viajeros se imponen a los operadores condiciones para garantizar un funcionamiento transparente del mercado, como son la obligación de aportar al Ministerio de Fomento información estadística y contable o la obligación de llevar cuentas separadas entre las actividades de mercancías y viajeros, y dentro de los de viajeros, entre los servicios comerciales y los servicios declarados de obligaciones de servicio público.

Además, se establece que las empresas deben contar con un plan de asistencia a víctimas y se recogen los derechos de las víctimas de accidentes.

Por otra parte, el texto incluye un nuevo título específico dedicado a seguridad ferroviaria, que no existe en la Ley vigente, y se adapta su contenido a la creación de la nueva Agencia de Seguridad Ferroviaria que será independiente y no podrá encomendar funciones de los administradores de infraestructuras, empresas ferroviarias o entidad adjudicadora, dotándola de mecanismos propios de financiación, con objeto de reforzar su independencia.

Por último, se plantea un régimen sancionador más proporcional, reforzando las sanciones sobre derechos de los pasajeros y aspectos relacionados con la seguridad.

A partir de ahora, se va a iniciar un amplio trámite de audiencia pública a todos los actores del sector (empresas ferroviarias, asociaciones, Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia), con objeto de asegurar el mayor consenso posible. Tras el análisis de todas las alegaciones recibidas, se elaborará un nuevo texto que se remitirá al Consejo de Estado y, a continuación, se elevará al Consejo de Ministros para su aprobación como Proyecto de Ley y su remisión al Congreso.

Por Mayte Rodríguez López