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SLT solicita al Ministerio de Justicia que revise la solicitud de antecedentes penales a los conductores de autobús

viernes, 18 de diciembre de 2015

Tras conocer que varias empresas del transporte de viajeros están recibiendo solicitudes de certificación de antecedentes penales de sus conductores, el Sindicato Libre de Transporte, SLT, ha solicitado por escrito al Ministerio de Justicia que revise de forma exhaustiva esta obligación, exigible en estos momentos a todos los conductores del transporte de viajeros.

El requerimiento se les exige por la interpretación que se hace del artículo 13, apartado 5 de la Ley Orgánica 26/2015 del 28 de julio. En concreto, se les exige un certificado de “… no haber sido condenado por sentencia firme por algún delito contra la libertad e indemnidad sexual, que incluye la agresión y abuso sexual, acoso sexual, exhibicionismo y provocación sexual, prostitución y explotación sexual y corrupción de menores, así como por trata de seres humanos”. Un certificado que además debe ser expedido por el registro central de delincuentes sexuales, que aún no ha sido creado, por lo que los conductores deben dirigirse en estos momentos al Registro Central de Penados.

Una norma que SLT entiende se requiera a profesionales con un trato directo con los menores, pero que en ningún caso entiende que se pueda extender a toda la profesión de conductores de autobús, “ni siquiera nos parece aplicable para los conductores de transporte escolar, donde los servicios se realizan siempre con un acompañante que se encarga de los menores, siendo la única tarea del conductor la de dar el servicio del transporte, de forma colectiva y además, por un periodo de tiempo limitado”, afirma José María Cazallas, Secretario de Organización.

En estos momentos hay empresas de transporte que por requerimiento de los centros escolares optan por pedir el certificado de forma general a todos sus conductores, ya sean de transporte regular, urbano, o discrecional. Una exigencia que según SLT “atenta contra derechos fundamentales de los trabajadores, y contra el derecho a su intimidad e imagen”

SLT solicita al Ministerio de Justicia que compruebe de forma exhaustiva la solicitud de certificaciones según el artículo mencionado de la Ley 26/2015. Y por otro lado, que se expidan únicamente certificaciones negativas de los delitos detallados en la norma.

Por Mayte Rodríguez López