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Fedintra reivindica ante Educación coordinación y proporcionalidad en las sanciones

jueves, 30 de marzo de 2017

Fedintra, la Federación Independiente de Transportistas de Andalucía, se ha reunido con el director general de la Agencia Pública Andaluza de Educación de la Junta de Andalucía, Juan Manuel López Martínez, responsable del organismo que se encarga, entre otros aspectos, de la adjudicación de los servicios de rutas escolares a las empresas de transporte de viajeros.

El motivo principal de este encuentro era presentarle sus primeras acciones desde la constitución de la federación y el papel que quieren desarrollar en el sistema educativo andaluz, acercando a cientos de miles de alumnos cada día a sus centros, y ayudando a una mejor accesibilidad a los integrantes de la comunidad escolar, sobre todo en los entornos rurales.

Las sensaciones han sido positivas y, entre otros aspectos, se ha logrado un compromiso por parte de López y su equipo de cara a unificar los criterios de los distintos concursos y licitaciones públicas, para que queden más esclarecidos, igualitarios en todas las provincias y; sobre todo, que en el aspecto sancionador, haya una mayor flexibilidad y proporcionalidad.

Actualmente se están produciendo muchos expedientes sancionadores por diversos motivos que, a criterio de los profesionales, nada tienen que ver con el buen desarrollo de un servicio de calidad en el transporte escolar.

A la hora de presentarse al concurso público de transporte escolar, a las empresas no se les ha valorado la antigüedad de la flota ni su calidad. Sin embargo, se les sanciona si cambian de vehículo al efectuar las rutas, incluso si el cambio es por un vehículo más moderno y con mejores prestaciones.

Las empresas no entienden como ahora se tiene un excesivo y exhaustivo control, con los directores de los centros fotografiando diariamente las matrículas, cuando para obtener las rutas puntuaba exactamente igual un bus de un año que de 15, siempre que ambos tuviesen cinturones de seguridad.

En caso de que, por motivos de la organización diaria de las propias empresas, necesidades propias del servicio escolar, o simplemente por criterio profesional para elevar los niveles de calidad en los traslados, se tenga que utilizar otro vehículo al referenciado en el contrato público, la sanción es inmediata y desproporcionada.

Se ha pedido a los responsables institucionales que se tengan en cuenta que, si son vehículos autorizados para el servicio escolar y no se rebajan los criterios de calidad, las sanciones sean más estudiadas. El perjuicio causado hasta la fecha ha sido enorme. Además, estos criterios no son igualitarios en todas las provincias.

Además, estos vehículos, que también están reflejados en los contratos, pero no como preferentes o titulares para realizar la ruta; no constan a la hora de demostrar de un concurso a otro que ya han sido utilizados en traslados escolares. De esta forma, se impide a la empresa cumplir uno de los criterios exigidos por las licitaciones, que los autocares tengan ya previamente la autorización para ser utilizado en rutas escolares.

También se expusieron los enormes perjuicios causados por los descuentos de las partidas económicas de estos contratos los servicios no realizados por suspensiones de jornadas escolares. Un servicio como el escolar, donde el beneficio para las empresas es tan escueto, no puede verse mermado por este tipo de cuestiones que ponen en peligro puestos de trabajo y el sustento de muchas empresas.

El compromiso de la Agencia Andaluza Pública de Educación, para tratar estos asuntos de manera integral, es unificar los criterios de gestión, tramitaciones y documentación entre las distintas delegaciones de Educación y Fomento en cada una de las provincias. De esta forma, se agilizan, entre otros muchos asuntos, el desarrollo de los concursos escolares y se unifican los plazos de los mismos en las distintas provincias andaluzas.

Por Mayte Rodríguez López