La Asociación Nacional de Empresarios de Transportes en Autocares (ANETRA) ha iniciado acciones legales contra posiciones adoptadas por el órgano de recursos contractuales de Euskadi (OARC), por las posiciones adoptadas por este organismo respecto al presupuesto base de las licitaciones, y la imposibilidad de revisar otros aspectos lesivos de las mismas.
No obstante, los recursos que ha presentado ANETRA ante el OARC, han logrado que sean anuladas las licitaciones de los servicios de transporte escolar en Euskadi que el Gobierno Vasco convocó el pasado mes de mayo después de que, en diciembre de 2021, anulase, a su vez, las licitaciones que fueron convocadas en el mes de julio.
El Gobierno Vasco volvió a licitar esos servicios con la coyuntura existente en el mes de mayo, incumpliendo los principios básicos de la contratación pública, no permitiendo, por ejemplo, que los operadores puedan competir sobre la base de un precio de mercado.
Los recursos de la asociación que agrupa al mayor número de pymes y autónomos del transporte discrecional de viajeros por carretera, regular de uso especial y turístico, sobre estas licitaciones, fueron admitidos por el OARC quien ha dictaminado la “anulación” de las mismas en las provincias de Álava y Bizkaia, inicialmente, y de Gipuzkoa más tarde.
Tras esta decisión, el Departamento de Educación del Gobierno Vasco debe elaborar unos nuevos pliegos e iniciar nuevos procedimientos de licitación, y desde el sector se espera que se tenga en consideración las reivindicaciones elementales de los operadores para asegurar que los contratos de transporte escolar sean sostenibles, especialmente ante la situación tan crítica para el sector del transporte terrestre de uso especial por su exposición al precio de todos los derivados del petróleo.
Desde ANETRA se sigue ofreciendo su buena disposición para encontrar una solución que evite nuevos recursos, y que se garantice, a pesar de los pronunciamientos del OARC, que el presupuesto base de la licitación sea suficiente para cubrir el coste de mercado del servicio durante toda la vigencia del contrato, incluyendo un margen de beneficio para los operadores.
También que se cumpla la planificación anual de contratación para que los operadores puedan organizarse; se establezca, como se hizo en la licitación 2021, un límite al número de lotes a adjudicar a un mismo operador; y, que no se establezcan penalidades desproporcionadas, que abrumen a los operadores.