La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ha resuelto este pasado 16 de junio y tras tres años de investigación y solicitar numerosos informes a las empresas, que no hay pruebas de que, salvo algunas excepción, las empresas de la región hayan pactado precios o actuado en forma de cartel en el transporte escolar y discrecional.
La denuncia con fecha 2 de noviembre de 2018 se presentó ante la CNMC por parte de la Federación Cántabra del Taxi, por la posible existencia de prácticas colusorias consistentes en un pacto de no concurrencia y distribución de rutas de transporte escolar, al menos desde 2009, licitadas por la entonces Consejería de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Cantabria. En la citada denuncia se indicaba que sólo existía concurrencia de licitadores en los excepcionales casos en los que se licitaban las denominadas “rutas nuevas”, no incluidas en el pacto colusorio denunciado.
En total, las sanciones afectaba a la práctica totalidad de las empresas de Cantabria y a algunas de Asturias. Un total de 27 empresas investigadas y pendientes de esta resolución que en su mayoría respiran ahora tranquilas al verse libres de la unas cuantiosas multas.
Sin embargo, en su resolución la CNMC sí ha acreditado la existencia de las siguientes infracciones del artículo 1 de la LDC:
a) Una infracción única y continuada constitutiva de cártel consistente en el reparto de rutas de transporte escolar licitadas en la Comunidad Autonóma de Cantábria durante los cursos escolares 2011/2012 a 2018/2019.
b) Una infracción única y continuada constitutiva de cártel consistente en el reparto para la prestación de servicios de transporte discrecional de viajeros a través de la presentación de ofertas de cobertura durante los años 2013 a 2019.
c) Una infracción de recomendación de precios para la prestación de servicios de transporte discrecional en la Comunidad Autónoma de Cantabria por parte de la Asociación UPAVISAN a sus asociados en noviembre de 2018.
También ha declarado responsables de dichas infracciones a las siguientes entidades:
a) Infracción en el transporte escolar de viajeros
- ANFERSA ADAPTADO, S.L.
- AUTOBUSES BENITO, S.L.
- AUTOCARES MARIANO, S.L.
- TRANSPORTES TERRESTRES CÁNTABROS, S.A. y solidariamente a
su matriz GENERAL TÉCNICA INDUSTRIAL, S.L. - ZORRILLA E HIJO, S.L.
Empresas a las que impone sanciones entre 10.000 y 36.000 euros, con la excepción de una a la que sanciona con más de 600.000 euros (infracciones en el transporte escolar). Hay otras dos sanciones por infracción en el transporte discrecional de viajeros y una por recomendación de precios.
Y finalmente, se declara el archivo de las actuaciones respecto de las empresas: MENOCAL, FIGUERAS, JUAN RUIZ, LA CANTÁBRICA DE COMILLAS, LA CARREDANA, MADRAZO, PALOMERA, IRB, LUPEFER, RUIZ, RUTAS DEL CANTÁBRICO, TRANSPORTES ACCESIBLES PENINSULARES, VIACARSA y ENATCAR y las asociaciones UPAVISAN, en lo que se refiere al cártel del transporte escolar, y la COORDINADORA.