Responsables de movilidad de empresas y entidades públicas participaron en el congreso de ATUC. En sus ponencias coincidieron en el imparable proceso de descarbonización que ha iniciado el transporte público. El congreso contó además con la ponencia de la recientemente nombrada presidenta de la UITP, Renée Amilcar, en su primera aparición tras su nombramiento.
La Asociación de Transportes Públicos Urbanos y Metropolitanos (ATUC) ha celebrado su XXIX Congreso Nacional de Transporte Urbano y Metropolitano. El evento más importante del sector –celebrado este lunes y martes en Barcelona bajo el lema “La ciudad de las personas”– ha desgranado, a lo largo de diferentes sesiones, todos los temas que preocupan a los diferentes actores en la actualidad: desde transporte inclusivo, flotas sostenibles y vehículos autónomos, pasando por la política tarifaria y la financiación, hasta la ordenación del espacio público y las ZBE.
La eficiencia energética marcó el inicio de la primera jornada, con una mesa redonda en la que se abordó la hoja de ruta hacia la transición de la descarbonización. En esta línea, se puso de relieve la importancia del Big Data para prever la demanda de energía, bajo el objetivo de alcanzar la suficiente capacidad de almacenamiento con la que hacer frente a cargas puntuales: “antes la electricidad era necesaria, ahora es prioritaria”, subrayaba Antonio Moreno, jefe de la Unidad de Electrificación de FGV.
Durante la sesión sobre la optimización de la explotación en los modos ferroviarios, se trasladó la necesidad de maximizar la capacidad del transporte siendo eficientes. Todas las ciudades ponen en valor el transporte público y la demanda se está recuperando. Ahora, la gran preocupación del sector es cómo dar un servicio excelente a tantos usuarios y la clave se encuentra en conocer la demanda esperada.
Impulso en el camino hacia la automatización y electrificación
Con respecto a la conducción autónoma, Henriette Cornet, líder de la Movilidad Automatizada en la UITP, comentó que la regulación en Europa “es muy complicada y, aunque hay un proceso de harmonización, resulta difícil la penetración de operadores de fuera de la UE en el mercado actual”. No obstante, gracias a la tecnología europea y la IA, Zaragoza cuenta ya con un proyecto piloto de conducción autónoma de autobús liderado por Avanza.
A este respecto, el Gerente Corporativo de Calidad de Avanza, Borja López, expuso el papel de debe liderar la Administración Pública para sentar las bases e impulsar a los operadores a poner en funcionamiento el vehículo autónomo: “ha habido un salto cuantitativo en cuanto a inversiones, pero sigue habiendo administraciones públicas que siguen sin estar convencidas. […] Hay que traducir la innovación a la administración, para poner en marcha proyectos que sirvan al usuario final”.
El mismo clamor por la colaboración público-privada se puso de manifiesto en la mesa redonda sobre electrificación de las flotas de autobús. La incertidumbre regulatoria a nivel europeo y español está ralentizando la descarbonización del parque. A esta, se suman los incentivos para poner solución a la falta de infraestructura y vehículo.
El transporte público como fuente de progreso social
La jornada central del Congreso se desarrolló a lo largo del día de ayer. Una jornada que tuvo como plato principal la discusión y el debate sobre la implantación de las Zonas de Bajas Emisiones. Hasta el momento, solo nueve municipios españoles tienen esta delimitación en funcionamiento, siendo el próximo 31 de diciembre obligatorias, según La Ley de Cambio Climático y Transición Energética, para el resto de las localidades con más de 50.000 habitantes y las de más de 20.000 con baja calidad del aire.
Los datos reflejan que la puesta en marcha de las ZBE no está siendo fácil. En este sentido, durante el Congreso, se debatió sobre los particulares desafíos que presenta cada ciudad. En concreto, Elke Van den Brandt, ministra de Movilidad, Obras Públicas y Seguridad Vial del Gobierno de Bruselas-Capital, expuso la experiencia de la región, donde las ZBE llevan implantadas desde 2010: “esta es una medida para trabajar también la inclusión social. Hemos adaptado la ciudad hacia un entorno más verde, mejorado el transporte público. Esto tiene repercusiones económicas muy positivas, estamos ahorrando en costes sanitarios, los cuales podemos gastar en otras políticas públicas”.
Se aprecia, entonces, que el papel del transporte público cobra especial relevancia, no solo como herramienta, sino también como fuente de progreso social, con especial foco en la población mayor y joven: “la movilidad acaba impactando en la vivienda, en los espacios industriales, hace más accesibles los servicios básicos a los ciudadanos”, comentó Antoni Segarra, presidente de FGC.
Para el director general de Tráfico, Pere Navarro, esta legislatura ha sido la legislatura de la movilidad: “hemos tenido un proyecto de Ley de Movilidad que recibió 975 enmiendas. Pocas leyes han recibido tantas. La asignatura pendiente es sacar adelante esta ley. […] “Hay que abrir el camino hacia una ciudad 30-70”, 30% desplazamientos en automóvil y 70% en otros modelos sostenibles.