La Asociación de Transportes Públicos Urbanos y Metropolitanos ha solicitado al Gobierno medidas de apoyo, dado su alto consumo energético, con un incremento de precios que ponen en peligro el futuro de la movilidad sostenible
En el caso del transporte público impulsado por energía eléctrica, como el sector ferroviario, el impacto puede implicar un incremento del precio del 400%
Las flotas de autobuses urbanos están impulsadas en un 38% con gas natural comprimido, y con los precios actuales, un solo autobús puede llegar a suponer un sobrecoste de combustible anual de 20.000 euros
La Asociación de Transportes Públicos Urbanos y Metropolitanos ha solicitado que el sector del transporte público cuente con medidas similares a las puestas en marcha en el ámbito de las obras públicas y a las medidas de apoyo que prepara el Gobierno a la industria electrointensiva como consecuencia de la extrema gravedad de la situación actual, dado su alto consumo energético y porcentaje de coste que supone en su funcionamiento.
Recientemente, el Gobierno anunció medidas de compensación y la revisión de los precios de los contratos al sector de las obras públicas por el incremento de los precios de las materias primas. Por otro lado, desde Moncloa se prepara un paquete de medidas para apoyar a las industrias intensivas en consumo eléctrico ante el aumento de precios energéticos.
Con estos precedentes, ATUC reclama al Gobierno que se dote al sector del transporte público con medidas de apoyo para intentar paliar la peligrosísima situación financiera por la que atraviesan, dado que sin haber tenido tiempo para recuperarse de las consecuencias que tuvo la crisis de la covid en su situación económica, ahora se suma el extraordinario incremento de costes energéticos, poniendo en peligro la continuidad de gran cantidad de las concesiones y del funcionamiento de un servicio absolutamente básico.
Actualmente, las flotas de autobuses urbanos están impulsadas en un 38% con gas natural comprimido, y con la escalada de precios, un solo autobús puede llegar a suponer un sobrecoste de combustible anual de 20.000 euros, lo que supone para el conjunto del sector alrededor de 100 millones de euros, cantidad a la que indiscutiblemente hay que añadir de la disminución en los ingresos por la venta de billetes como consecuencia de la covid. En el caso del transporte público impulsado por energía eléctrica, como el metro o los trenes de cercanías, el impacto puede implicar un incremento del precio del 400%.
Por este motivo, el sector requiere urgentemente, entre otras medidas, una revisión excepcional de los precios de los contratos públicos con las empresas concesionarias de transporte colectivo, tal como se ha hecho en el caso de la obra pública, y que los contratos de concesión puedan indexarse al coste del precio de la energía en todas sus variantes.
La Asociación de Transportes Públicos Urbanos y Metropolitanos ha solicitado, además, que el sector ferroviario tenga un tratamiento similar a las industrias intensivas en consumo eléctrico en el paquete de medidas que prepara el Gobierno. Para estos sectores, el coste de producción se ha incrementado extraordinariamente y se corre el riesgo de la interrupción en algunos de los servicios de los que prestan algunas de ellas.
“La movilidad en sí misma presenta ya enormes retos, particularmente concentrados en el transporte colectivo, y la transición energética en la que estamos inmersos le añade nuevos problemas. El más grave en los últimos meses viene dado por la acumulación de los efectos de la covid y por el alza de los precios de la energía que está poniendo en cuestión la viabilidad misma de nuestro modelo de transporte público”, señala Miguel Ruiz, presidente de ATUC. “Adicionalmente el sector necesita con la mayor urgencia posible una inyección financiera para poder asegurar su viabilidad en el corto plazo”, concluye.