• España es el único país de la Unión Europea que mantiene la mascarilla en el transporte público
• Una medida que ATUC califica de estigmatizante y afirma que ha hecho mucho daño
• Ante este escenario, la asociación insiste en la necesidad de un fondo de rescate para el sector

Madrid, 26 de enero de 2023.- El Gobierno aprobará el fin de la mascarilla obligatoria en el transporte el próximo 7 de febrero. La Asociación de Transportes Públicos Urbanos y Metropolitanos (ATUC), que aglutina a la mayoría de las empresas de metro, cercanías, tranvías y autobuses urbanos y metropolitanos de España —con unos 4.000 millones de viajes al año—, celebra la decisión anunciada hoy por la ministra de Sanidad, Carolina Darias, pero lamenta el retraso de la medida.

España es el único país de la Unión Europea que mantiene la mascarilla en el transporte público, a pesar de las recomendaciones de algunos expertos como Fernando Simón, el cual –ya en septiembre– no veía con mucha lógica seguir con esta restricción: «hay muchos otros sitios donde la gente se expone a reuniones masivas, como conciertos, bares o las fiestas de los pueblos».

ATUC subraya que esta decisión llega con ocho meses de retraso: “Junto con los centros sanitarios y residencias, el transporte público es el único espacio en el que el uso de la mascarilla sigue siendo obligatoria. Esto es una medida estigmatizante y que ha hecho mucho daño al sector”, explica Jesús Herrero, secretario general de ATUC.

La pandemia supuso un descenso notable en el número de viajeros del transporte público. Sin embargo, a pesar de los descuentos por parte del Gobierno en los abonos transportes, los índices de los usuarios aún no han recuperado los niveles preCovid-19. Este contexto –que se ha visto aún más agravado con el incremento de los precios de los carburantes, la energía y gastos de personal– ha deteriorado la cuenta de resultados de las empresas de transporte público, las cuales no han recuperado el nivel de ingresos por venta de billetes.

“Pese a las dificultades económicas que el sector ha experimentado, desde 2020, ninguno de los operadores ha dejado de prestar sus servicios públicos, garantizando así la movilidad de los ciudadanos de manera inclusiva y sostenible y habiendo hecho frente a la subida de los costes”, apunta Herrero. 

Ante este escenario, la patronal insiste en la imperiosa necesidad de un fondo de rescate para el sector. Un sector que desempeña un papel relevante para la descarbonización de la movilidad, no solo en términos de su participación en las emisiones, sino como parte de una nueva ecuación de la movilidad que lleve a una utilización más inteligente del automóvil en las zonas urbanas y metropolitanas.