Cesar Ramos, PSOE; Andrés Lorite, PP; e Inés Granollers, Esquerra Republicana, coincidieron en la necesidad de contar con una ley de movilidad teniendo en cuenta que somos la cuarta economía española en Europa y somos uno de los pocos países que carece de una regulación de este sector. La ley deja aspectos por definir o mejor dicho, por concretar, como el modelo concesional, o una posible fiscalidad para el sector.

Pero, sin duda, se trata de una ley muy esperada y necesaria. Por primera vez se define la financiación del sector en un porcentaje de 25-50-25, correspondiente a las inversiones que deben realizar Estado, CC.AA. y Ayuntamientos respectivamente. En definitiva, se trata de una norma que contempla los principales aspectos de la movilidad del futuro: digitalización, sostenibilidad, descarbonización, nuevas tecnologías como los vehículos autónomos… En definitiva, sienta las bases de la nueva movilidad.

Miguel Ruiz, presidente de ATUC, afirmaba que «l»a competitividad de un país radica en gran medida en sus ciudades, de ahí la importancia de conseguir una movilidad efectiva y vertebradora. Se trata de un asunto de Estado». En España se realizan 4.000 millones de desplazamientos en autobús al año. Es, con diferencia, el transporte público más usado por la ciudadanía. Para Ruiz esta ley es necesaria y positiva.

Por su parte, María José Rallo, consejera de transportes, dejó claro que la ley se presentaba como una base para seguir desarrollando un marco regulatorio para este sector, que establezca las bases de todo su engranaje, con aspectos tan importantes como su propia financiación.

Rallo espera que la ley se apruebe en los próximos meses, antes de la finalización de la actual lesgislatura.