La Asociación Empresarial de Transporte de Viajeros por carretera en Galicia (GALIBUS) formuló denuncia ante los juzgados de instrucción de Santiago de Compostela por entender que lo que está sucediendo en el ámbito de la contratación pública de transporte por carretera es que, el mismo empresario o empresarios a él vinculados (GRUPO MONBUS), a través de diferentes mercantiles o UTE’s, licitan y resultan ser adjudicatarios de gran cantidad de los lotes que oferta la Consellería de Infraestructura e Mobilidade de la Xunta de Galicia, sorteando fraudulentamente, con el concurso y aquiescencia de quienes deben supervisar, vigilar y controlar que no ocurra, es decir la Consellería de Infraestructuras e Mobilidade y, concretamente su Dirección Xeral de Mobilidade, las obligaciones y exigencias de los Pliegos, lo que implica un evidente agravio comparativo con el resto de licitadores y adjudicatarios y un grave perjuicio del interés público, con merma también del patrimonio público.

Entre otras cosas no menos graves, a fecha 1 de septiembre de 2022, los adjudicatarios tenían que haber justificado y aportado la relación de vehículos adscritos a los diferentes contratos. Sin embargo, a fecha de la denuncia, todavía no han cumplido con su obligación de justificar que disponen de los medios necesarios para poder prestar el servicio, con grave merma de un servicio público esencial.

Los numerosos incumplimientos de los Pliegos fueron reiteradamente denunciados ante la Administración por parte de las empresas integrantes de GALIBUS.

Una vez comprobados los requisitos del Pliego y las listas de vehículos adscritos, se pudo comprobar por esta Asociación, que las empresas adjudicatarias estaban incumpliendo las exigencias contractuales, lo que fue asimismo denunciado ante la Administración por medio de diversos escritos a lo largo de sucesivos meses. Sin embargo, ninguna de tales denuncias fue atendida, sino que la Administración continuó consintiendo el incumplimiento sistemático de los contratos por parte de los adjudicatarios, con grave perjuicio para la ciudadanía, el respeto a la legalidad y los intereses públicos que debiera proteger la Administración.

Lo que ha sucedido, por el contrario, es que se han dictado diversas resoluciones destinadas, por pura voluntad del Director Xeral de Mobilidade, a salvar a las empresas y UTE’S vinculadas con el GRUPO MONBUS, perjudicando, en consecuencia, al resto de licitadores que sí se encuentran en condiciones de cumplir con los Pliegos del contrato, dado que se está prestando un servicio defectuoso con numerosos y reiterados incumplimientos, como ponen de manifiesto una y otra vez las continuas denuncias al respecto formuladas por colectivos ciudadanos, sindicatos, ayuntamientos, etc y que han tenido amplia repercusión en los diversos medios de comunicación.

«Entendemos que el Director Xeral es plenamente conocedor de los incumplimientos denunciados y actuando arbitrariamente, tanto por acción como por omisión, ha permitido la permanencia en el tiempo de una situación anómala e ilegal, originando graves perjuicios a otros empresarios, al sector en general, a los derechos de los ciudadanos y a la credibilidad en la actuación de la Administración que representa», afirman desde Galibus.