La Asociación Nacional de Empresarios de Transporte en Autocares (ANETRA) ha intensificado en las últimas semanas su acción institucional para defender los intereses del transporte público de viajeros por carretera frente a la licitación impulsada por RENFE para la creación de una empresa de transporte en autobús vinculada a la operadora ferroviaria. La organización empresarial considera que los términos del concurso suponen una grave distorsión de la competencia y una amenaza directa para la viabilidad de las pequeñas y medianas empresas que sostienen el sector en España.
En este contexto, ANETRA ha trasladado formalmente su preocupación a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), en una reunión celebrada a instancias de la propia asociación. Durante el encuentro, sus representantes expusieron que los requisitos exigidos en la licitación impiden, en la práctica, la concurrencia de la inmensa mayoría de los operadores de transporte de viajeros por carretera, restringiendo de forma significativa la libre competencia. La CNMC se ha comprometido a analizar la información aportada por la organización empresarial.
Requisitos excluyentes para la mayoría del sector
Según ha denunciado ANETRA, el pliego de condiciones conocido hasta el momento establece exigencias que dejan fuera al 99 % de las empresas del sector. Entre ellas, se incluye la obligación de disponer de 500 vehículos en propiedad —o 300 en el caso de concurrir mediante una UTE—, acreditar una cifra de negocio mínima de 75 millones de euros o haber ejecutado contratos similares por un importe de al menos 35 millones de euros. Para la asociación, estos criterios no solo excluyen a las pymes, sino también a buena parte de los operadores con experiencia contrastada en la prestación de servicios de transporte alternativo.
España cuenta actualmente con más de 2.700 operadores de transporte de viajeros por carretera y una flota cercana a los 49.000 autobuses, configurando un mercado maduro, descentralizado y con amplia implantación territorial. ANETRA subraya que este tejido empresarial ha venido prestando históricamente servicios de transporte alternativo para la propia RENFE, por lo que cuestiona la necesidad de crear una nueva sociedad participada en lugar de recurrir al mercado existente mediante procedimientos abiertos y competitivos.
Falta de transparencia y preocupación institucional
A la exclusión derivada de los requisitos económicos y técnicos se suma, según la asociación, la falta de transparencia del procedimiento. ANETRA advierte de que las especificaciones técnicas y las condiciones detalladas de prestación del servicio no son públicas, ya que solo las empresas seleccionadas en una primera fase podrán acceder al pliego completo. Esta circunstancia, a juicio de la organización, limita aún más la posibilidad de concurrencia efectiva y genera incertidumbre en el sector.
Paralelamente, ANETRA ha instado a la Sección de Transporte Interurbano de Viajeros del Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC) a adoptar acciones conjuntas para defender los legítimos intereses del sector. La asociación considera imprescindible una respuesta coordinada desde los órganos de representación del transporte por carretera ante una iniciativa que puede alterar el equilibrio competitivo del mercado.
Compromiso firme con el transporte público por carretera
Desde ANETRA reiteran su compromiso “firme e inquebrantable” con la defensa de las pymes del transporte de viajeros, que constituyen el núcleo del sector y garantizan la prestación de un servicio público esencial en todo el territorio nacional. En este sentido, sus servicios jurídicos están analizando la viabilidad de interponer un recurso especial en materia de contratación contra el anuncio de licitación, con el objetivo de preservar unas condiciones de competencia justas, equilibradas y transparentes.
La asociación mantiene, además, su disposición a seguir dialogando tanto con la CNMC como con el resto de instituciones implicadas, con el fin de evitar que el transporte público de viajeros por carretera quede relegado frente a modelos que, según advierte, favorecen la concentración y ponen en riesgo la supervivencia de cientos de empresas que vertebran la movilidad colectiva en España.