Pablo Pastega asegura que la prohibición del cabotaje limita la conectividad y confía en que la Justicia europea avale la posición de la compañía
El conflicto entre FlixBus y el Gobierno español por el cabotaje entra en una fase decisiva. Diez años después de iniciar sus operaciones en España, la compañía alemana ha redoblado sus críticas al funcionamiento del transporte regular de larga distancia y sitúa ahora el foco en el proceso judicial abierto ante las instituciones europeas, cuyo desenlace podría tener consecuencias para todo el sector.
Durante un encuentro con la prensa celebrado con motivo del décimo aniversario de la compañía en España, el director general de FlixBus España, Pablo Pastega, defendió la necesidad de permitir el cabotaje en determinadas líneas internacionales y cuestionó la negativa mantenida por el Ministerio de Transportes durante los últimos años.
La polémica se produce apenas unos meses después de que el ministro de Transportes, Óscar Puente, acusara públicamente a FlixBus de intentar «hacer trampas» mediante el uso del cabotaje, una afirmación que evidenció la creciente tensión entre la operadora y la Administración.
Un conflicto que trasciende a FlixBus
La controversia gira en torno a la interpretación del reglamento europeo que permite el cabotaje internacional bajo determinadas condiciones. FlixBus sostiene que los autobuses que realizan servicios internacionales deberían poder transportar viajeros entre ciudades españolas siempre que esa actividad no afecte de forma grave a la viabilidad económica de las obligaciones de servicio público existentes.
El origen del litigio se encuentra en la solicitud presentada por la compañía para operar cabotaje en una línea internacional entre Madrid y Tréveris. Tras el rechazo de las autoridades españolas, la cuestión fue elevada a las instituciones comunitarias, que respaldaron la posición defendida por la empresa.
Posteriormente, el Gobierno español y Confebús recurrieron la decisión ante el Tribunal General de la Unión Europea, mientras FlixBus se personó en apoyo de la Comisión Europea. El procedimiento continúa pendiente de resolución.
«Todas las instituciones europeas frente al Gobierno español»
Una de las declaraciones más significativas de Pastega fue su referencia al aislamiento de la posición española dentro del conflicto comunitario.
«Nos encontramos en un escenario donde son todas las instituciones europeas contra el Gobierno español».
El directivo destacó que, además de la Comisión Europea, el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea han respaldado la posición comunitaria en este procedimiento judicial. Para FlixBus, este apoyo refuerza sus expectativas de obtener una resolución favorable.
No obstante, el resultado final sigue dependiendo del pronunciamiento del Tribunal General de la Unión Europea.
Críticas al modelo concesional
Más allá del cabotaje, la comparecencia sirvió para cuestionar el actual sistema español de transporte regular de larga distancia.
Según los datos aportados por la compañía, 54 de los 74 contratos estatales se encuentran actualmente caducados, lo que representa el 73% del total y acumula casi 460 años de caducidad entre todas las concesiones afectadas.
Pastega argumentó que esta situación genera una falta de competencia real en el mercado y recordó que diversos organismos, entre ellos la CNMC, han formulado observaciones críticas sobre el funcionamiento del sistema.
La compañía también cuestionó el volumen de ayudas públicas destinadas al sector. Durante la presentación se señaló que los programas de compensación y bonificaciones han movilizado cerca de 398 millones de euros entre 2023 y 2025.
Sin embargo, el responsable de FlixBus evitó realizar acusaciones directas sobre una posible protección institucional a determinados operadores.
«Yo no sé qué ocurre. Lo que digo es que algo ocurre».
Pastega añadió que, si dispusiera de pruebas de alguna actuación ilegal, la denunciaría.
Un cabotaje regulado, no una liberalización total
Uno de los mensajes centrales de la jornada fue que FlixBus no reclama una apertura completa del mercado español ni la desaparición del sistema concesional.
La empresa defiende un modelo de cabotaje regulado que podría incluir límites de plazas, porcentajes máximos de viajeros nacionales, restricciones en determinados corredores o evaluaciones individuales de cada solicitud.
La clave, según la compañía, es que la Administración justifique con datos cuándo una operación de cabotaje puede afectar de manera significativa a una concesión pública.
Para ilustrarlo, Pastega recurrió al corredor Madrid-Bilbao, donde la concesión estatal ya compite con el ferrocarril, el avión y plataformas de coche compartido. Según FlixBus, la incorporación de algunas expediciones adicionales debería analizarse económicamente antes de concluir que pone en riesgo la viabilidad del servicio.
La posición frente al Ministerio
Durante su intervención, Pastega aseguró que FlixBus ha intentado durante años dialogar con la Administración para explorar fórmulas compatibles entre el cabotaje y el modelo concesional español.
Según relató, mantuvo contactos con distintos responsables ministeriales e incluso llegó a trasladar personalmente la cuestión al ministro Óscar Puente tras su llegada al cargo. Sin embargo, considera que posteriormente no existió voluntad para desarrollar ese debate técnico.
También criticó que la Comisión Europea intentara organizar una reunión entre España, Alemania y las partes implicadas para buscar una solución negociada y que, según la versión de la compañía, el Gobierno español declinara participar.
El debate de fondo: competencia y conectividad
FlixBus sostiene que el principal beneficio del cabotaje no sería incrementar sustancialmente sus ingresos, sino mejorar la conectividad aprovechando los más de 350 autobuses que diariamente circulan por la Península dentro de su red internacional. La compañía afirma que más de 10 millones de viajeros han utilizado servicios con origen o destino en España desde su implantación y que trabaja actualmente con 14 socios nacionales.
Para la operadora, el caso español representa una oportunidad para revisar un modelo que considera excesivamente cerrado. Para el Gobierno y los operadores concesionales tradicionales, en cambio, la prioridad sigue siendo proteger la estabilidad económica de los servicios públicos existentes.
Entre ambas posiciones será ahora la Justicia europea la encargada de decidir hasta dónde puede llegar el cabotaje en España y qué margen tienen los Estados miembros para limitarlo. La resolución no sólo afectará a FlixBus, sino que podría marcar el futuro de la competencia en el transporte regular de viajeros por carretera en el conjunto del mercado español.


















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