La patronal de las pymes del autobús se opone al proyecto impulsado por el Ministerio de Transportes y advierte de movilizaciones si la iniciativa sigue adelante
La asociación empresarial Direbús, que representa a cientos de pequeñas y medianas empresas del transporte de viajeros por carretera, ha endurecido su discurso contra el proyecto de Renfe para crear una sociedad mixta de autobuses, al considerar que la iniciativa supone una “nacionalización encubierta” del sector y una amenaza directa para la supervivencia de las pymes.
El conflicto se ha recrudecido tras la suspensión cautelar del concurso por parte del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales (TARC), dependiente del Ministerio de Hacienda, como consecuencia de los recursos presentados por Direbús junto a otras organizaciones sectoriales. La licitación preveía la creación de una empresa de transporte por carretera con un 49% de capital público, a través de Renfe, y el resto en manos privadas.
“Un procedimiento hecho a la medida de los grandes operadores”
Desde Direbús se sostiene que los pliegos del concurso están diseñados de forma que excluyen de facto a la mayor parte del tejido empresarial del sector, compuesto mayoritariamente por pymes. Su presidente, Alfonso Taborda, ha denunciado que los requisitos exigidos —como una facturación mínima de 75 millones de euros o una flota de hasta 500 autobuses— convierten el procedimiento en “un apaño para que ganen los de siempre”.
Según Taborda, que ha salido al paso de las críticas del presidente de Renfe, Álvaro Fernández de Heredia, la elevada concentración de aspirantes no demuestra apertura a la competencia. “Las nueve empresas que se presentan representan más del 75% de la demanda privada, lo que evidencia que el acceso sigue reservado a quienes ya concentran la mayor parte del mercado”, ha señalado el dirigente patronal.
Críticas al uso de dinero público y a las “puertas giratorias”
Otro de los ejes del posicionamiento de Direbús es el uso de recursos públicos para crear una empresa que competiría directamente con operadores privados. La patronal considera “inaceptable” que los impuestos que pagan las propias pymes del sector se destinen a financiar una iniciativa pública que, a su juicio, no se rige por criterios de eficiencia ni control de costes.
En este contexto, Taborda ha cuestionado también la composición de la cúpula directiva de Renfe, denunciando la presencia de antiguos cargos procedentes de grandes operadores privados. Un extremo que, según Direbús, refuerza la percepción de que el concurso beneficia a un reducido grupo de compañías históricamente dominantes.
Advertencia de protestas y riesgo para la movilidad
Direbús no descarta llevar el conflicto más allá del ámbito administrativo y judicial. Su presidente ha advertido de posibles movilizaciones en las calles si el proyecto sigue adelante, subrayando que el sector del transporte tiene una elevada capacidad de impacto sobre la movilidad urbana e interurbana. “Si esta empresa continúa, habrá manifestaciones en las provincias españolas”, ha afirmado.
La patronal enmarca su oposición en una defensa del modelo actual del transporte por carretera, basado en una red de empresas locales y familiares, frente a lo que considera un proceso de concentración auspiciado desde la Administración.
El precedente de Enatcar y las advertencias de la CNMC
En su argumentario, Direbús también se apoya en los informes de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que ha cuestionado en distintas ocasiones la configuración de los pliegos de concesiones del transporte regular. La patronal interpreta estas advertencias como un respaldo a su tesis de que los concursos actuales presentan barreras de entrada difíciles de asumir para las pymes.
Asimismo, Taborda ha comparado el proyecto con el antiguo operador público Enatcar, privatizado en los años noventa, alertando del riesgo de repetir un modelo que, según recuerda, estuvo marcado por episodios de mala gestión y controversia. “Hablar hoy de una ‘Enatcar II’ no evoca modernización ni eficiencia, sino el peligro de reproducir prácticas que el sector no ha olvidado”, ha concluido.