El fuerte encarecimiento de los combustibles y la energía pone en riesgo la viabilidad de numerosos contratos públicos y reclama una respuesta inmediata del Gobierno.
Madrid, 27 de abril de 2026.
La prolongación del conflicto internacional con Irán y su impacto directo en los mercados energéticos está generando una presión sin precedentes sobre las empresas de transporte de viajeros por carretera. Así lo advierte la Confederación Española de Transporte en Autobús (CONFEBUS), que ha solicitado al Gobierno la adopción de nuevas medidas extraordinarias ante el agravamiento de la crisis energética y la insuficiencia de las ayudas actualmente en vigor.
Según datos del sector, desde el inicio del conflicto a finales de febrero, el precio del crudo ha superado reiteradamente los 100 dólares por barril, mientras que el gasóleo ha incrementado su precio en torno a 40 céntimos por litro, situándose por encima de los 1,80 €/l de media en España. A ello se suma un aumento superior al 30% en el precio del gas natural, que ronda actualmente los 44 €/MWh, alimentando un contexto claramente inflacionista que ya refleja el IPC.
Un impacto directo sobre la estructura de costes empresariales
Para las empresas de autobuses, el efecto es especialmente crítico. En condiciones normales, el combustible representa entre el 25% y el 35% de los costes operativos, pero en el escenario actual esta partida se aproxima al 40%, a lo que hay que añadir el encarecimiento de otros insumos clave como lubricantes o neumáticos.
Este incremento sostenido de costes está tensionando de forma especial a aquellas compañías que operan servicios públicos regulados —transporte escolar, interurbano y urbano— con contratos que no permiten absorber variaciones tan bruscas sin comprometer seriamente su rentabilidad.
La revisión de contratos públicos, eje de la reivindicación
Ante esta situación, CONFEBUS considera imprescindible habilitar de forma inmediata una revisión extraordinaria de los contratos públicos, advirtiendo de que, de no adoptarse esta medida, la viabilidad económica de cientos de empresas del sector podría quedar seriamente comprometida.
La patronal reconoce el esfuerzo realizado por el Ejecutivo con iniciativas como la bonificación de 0,20 €/litro en los combustibles o la ayuda de 975 euros para vehículos de gas, pero sostiene que estas medidas resultan claramente insuficientes en el contexto actual. Además, el sector señala que los autobuses eléctricos han quedado excluidos de determinadas ayudas, lo que contradice los objetivos de transición energética.
Europa marca el camino, pero exige acompañamiento nacional
En paralelo, la Comisión Europea ha presentado recientemente el paquete de medidas AccelerateEU, orientado a reforzar la resiliencia energética y proteger a los sectores más expuestos. Entre sus propuestas figura un Marco Temporal de Ayudas Estatales que otorga mayor flexibilidad a los gobiernos nacionales, así como el impulso de fondos europeos y nacionales para descarbonizar flotas y apoyar a los vehículos más eficientes desde el punto de vista medioambiental.
CONFEBUS respalda estas iniciativas y las recomendaciones europeas de promover el uso del transporte público —incluyendo reducciones tarifarias o gratuidad para colectivos vulnerables—, pero insiste en que estas políticas deben ir necesariamente acompañadas de medidas directas para las empresas, especialmente mediante la revisión de contratos.
Otras medidas sobre la mesa
Entre las propuestas adicionales planteadas por la Confederación destacan:
- Ayudas directas a las empresas mediante transferencias de 1.500 euros por vehículo.
- Reducción de las cotizaciones a la Seguridad Social.
- Aceleración de las ayudas a la descarbonización, con mayor apoyo a la renovación de flotas (híbridos, eléctricos, biometano, etc.).
- Corrección de los efectos económicos derivados de la Ley de Desindexación, que limitan la adaptación de precios a la inflación real.
“El sector no puede asumir en solitario una inflación derivada de un conflicto que se alarga y se intensifica. Tampoco pueden hacerlo los ciudadanos”, subraya la organización empresarial, que reclama medidas urgentes y excepcionales para garantizar la continuidad del servicio público y la estabilidad de un sector estratégico para la movilidad, el empleo y el turismo en España.