El sector del automóvil pide reactivar las ayudas tras la derogación del RD-ley 16/2025
El Congreso de los Diputados aprobó ayer la derogación del Real Decreto-ley 16/2025, que incluía, entre otras medidas, la deducción del IRPF prevista para 2026 por la compra de vehículos eléctricos o híbridos enchufables y por la instalación de puntos de recarga. Ante este escenario, la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (ANFAC) ha mostrado su preocupación y ha reclamado una actuación inmediata para evitar un freno en la electrificación del parque automovilístico.
Según recuerda la patronal, el mercado de vehículos electrificados cerró 2025 con un hito histórico: más de 245.000 unidades matriculadas, lo que permitió alcanzar una cuota cercana al 18%, situando a España por primera vez en niveles próximos a la media europea. Este avance fue posible gracias al impulso conjunto de administraciones y sector privado, así como a los incentivos económicos desplegados.
ANFAC destaca que las ayudas del Plan Moves III y la deducción del 15% del IRPF —hasta 3.000 euros— por la adquisición de vehículos eléctricos e híbridos enchufables fueron elementos clave para mantener la tendencia al alza, junto con los programas autonómicos de apoyo a la movilidad sin emisiones.
La asociación teme que la retirada de este marco de incentivos pueda ralentizar la transición hacia el vehículo eléctrico, justo en un momento en el que la industria está acometiendo una transformación profunda para cumplir con los objetivos de descarbonización marcados por la Unión Europea.
Por ello, ANFAC reclama que el Gobierno ponga en marcha “sin demora” el anunciado Plan AUTO+ y que se recupere la deducción fiscal en el IRPF, ambos con carácter retroactivo desde el 1 de enero. Además, recuerda que las ayudas para la descarbonización de flotas de camiones y autobuses llevan casi dos años paralizadas, lo que supone un obstáculo adicional para la modernización del transporte profesional.
Un eventual parón en las ventas, advierte la patronal, sería “un duro revés” para un sector estratégico que, asegura, está plenamente comprometido con la transición ecológica. También podría generar “un nuevo motivo de desconfianza” de los consumidores hacia las nuevas tecnologías, en un momento clave para consolidar su adopción.