La crisis sanitaria provocada por la Covid-19 ha generado una grave situación económica en los distintos sectores de producción y servicios a nivel mundial, como es el caso del transporte de viajeros por carretera en España. Somos un sector englobado firmemente dentro del marco del turismo nacional, sí, pero gravemente olvidado por las instituciones, ya que subsiste a duras penas debido a las limitaciones de la movilidad y limitaciones de aforos a las que se han visto sometidos.

En lo que nos ocupa ya en clave regional, en la actualidad las empresas del transporte de viajeros por carretera de Extremadura basan casi la totalidad de sus ingresos en la realización de servicios de transporte escolar, un servicio de vital importancia para la sociedad, encargándose diariamente del traslado de nuestros menores en horario de entrada a sus centros educativos, y en horario de salida a sus hogares.

Pero ahora se encuentran con otro duro revés, provocado por los impagos de la Junta de Extremadura de la prestación de estos servicios, después de lo sufrido durante la pandemia, donde la situación económica de estas empresas es extremadamente frágil.

Nuestros empresarios llevan desde el comienzo del curso escolar sin percibir ingreso alguno por parte de la Junta de Extremadura, y estamos finalizando el primer trimestre, lo que está generando una situación prácticamente insostenible, provocando que algunos empresarios se estén viendo abocados al cierre de sus empresas.

Los elevadísimos gastos que se generan de mantenimiento de vehículos, salarios, impuestos, o de seguros, unido a la subida del combustible y los productos de prevención frente a la Covid-19 como los geles hidroalcohólicos y la limpieza y desinfección con productos específicos después de cada servicio, no pueden ser afrontados por los empresarios si no se perciben los correspondientes abonos de sus servicios por parte de la Junta de Extremadura, poniendo en peligro muchos los puestos de trabajo, tanto directos como indirectos.

Es la propia Administración la que aprueba leyes y normativa en la lucha contra la morosidad, pero en el caso de Extremadura es su propia Administración las que más deudas acarrea. Y esto lleva siendo así durante muchos años, pero en estos momentos, después de la crisis en la que estamos inmersos, hace que la situación sea insostenible, y esté llevando al borde de la quiebra a muchos empresarios del sector.

De manera aunada tanto desde la Asociación Extremeña de Empresas de Transporte Asociadas (ETRANSA) como a nivel nacional desde DIREBÚS ESPAÑA, se han solicitado reuniones urgentes por la especial situación que se está viviendo tanto con la Presidencia de la Junta de Extremadura como con la Consejera de Educación, a fin de solucionar esta situación, pero a día de hoy se sigue sin recibir contestación.

El sector se empieza a plantear medidas, y de seguir así esta situación, nos podemos encontrar con muchas empresas que, por falta de liquidez, no puedan seguir prestando sus servicios de transporte escolar, pero a la Junta de Extremadura parece no importarle mucho ni sus empresarios ni sus escolares.