Madrid, 2 de junio de 2026. El transporte público urbano español necesitará más de 12.000 millones de euros anuales hasta 2030 para afrontar el aumento de la demanda, la renovación de flota y la transición hacia un modelo sin emisiones. Es la principal conclusión expuesta hoy por la Asociación de Transportes Públicos Urbanos y Metropolitanos (ATUC) en una rueda de prensa en la que su secretario general, Jesús Herrero, ha presentado un informe elaborado junto a Analistas Financieros Internacionales (AFI).
La cifra sintetiza un desafío estructural que, según el sector, trasciende lo económico para situarse en el ámbito de las políticas públicas. “El transporte público afronta así una nueva dimensión operativa y tecnológica”, advierten desde ATUC, en un contexto marcado por mayores exigencias regulatorias y climáticas.
Más viajeros, más costes y más inversión
El informe detalla que de esos más de 12.000 millones anuales, alrededor de 8.800 millones corresponderían a costes operativos, mientras que otros 3.300 millones deberían destinarse a inversiones.
El crecimiento previsto de la demanda está en el origen de esta presión financiera. El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) fija como objetivo trasladar el 35% de los pasajeros-kilómetro desde el vehículo privado al transporte público antes de 2030.
De cumplirse este objetivo, se traduciría en un incremento del 36% en el uso del autobús y del 50% en el metro, a lo que hay que sumar el aumento de población y el auge turístico, con cifras cercanas a los 100 millones de visitantes anuales en España.
A ello se añade la previsión de un incremento del 44% en los costes operativos, derivado tanto del mayor volumen de servicio como de la creciente complejidad tecnológica.
La transición ecológica eleva la exigencia inversora
Uno de los elementos centrales del informe es la transición hacia flotas de cero emisiones. La normativa europea obliga a que entre 2026 y 2030 al menos el 65% de los vehículos adquiridos sean considerados “limpios”, y el 32,5% de ellos, de cero emisiones.
Actualmente, la flota sigue dominada por tecnologías convencionales: el 69% de los vehículos funcionan con diésel o gas, frente a un 13% de cero emisiones.
Este cambio implicará no solo la sustitución de vehículos, sino también inversiones en infraestructura, como la instalación de puntos de recarga eléctrica —uno por autobús— y la ampliación de capacidad del sistema.
La clave: una mayor implicación del Estado
El mensaje principal lanzado por ATUC apunta al reparto de la financiación. Actualmente, el Estado central aporta en torno al 5% de los recursos, frente al 58% de comunidades autónomas y ayuntamientos y el 37% procedente de los billetes.
El sector plantea elevar la contribución estatal hasta el 25% para equilibrar el sistema.
En este sentido, el Fondo Estatal de Contribución para la Movilidad Sostenible (FECMO), previsto en la futura Ley de Movilidad Sostenible, se perfila como el instrumento clave para garantizar una financiación estable y equilibrada, aunque su desarrollo normativo sigue pendiente.
El ETS2, una posible fuente de ingresos
Otra vía de financiación destacada en la presentación es el sistema europeo de comercio de emisiones (ETS2), que entrará en vigor en 2028 y que fijará un precio al CO₂ en sectores como el transporte.
Según las estimaciones manejadas, este mecanismo podría generar entre 255.000 y 483.000 millones de euros en la Unión Europea, de los cuales España recibiría un 10,52%.
La propuesta de ATUC pasa por destinar un tercio de esa recaudación a financiar las inversiones necesarias, lo que permitiría cubrir hasta el 90% de las necesidades en un escenario optimista.
Un servicio esencial “como la sanidad o la educación”
Más allá de los números, la asociación insiste en el carácter estratégico del transporte público. “El transporte público, cuestión de Estado”, subraya la presentación, al recordar que mueve 4.800 millones de viajes anuales frente a los 40 millones de la alta velocidad ferroviaria, y que la mitad de los españoles lo utiliza habitualmente.
En este contexto, Jesús Herrero subrayó durante la presentación que “la ventana 2026-2030 no es solo un horizonte de obligaciones normativas, sino la oportunidad para consolidar un modelo de movilidad más óptimo para nuestras ciudades, de ahí que se requiera de una financiación estable, coherente y previsible”.
El secretario general de ATUC añadió que “el paso ahora es definir una arquitectura financiera y activar los distintos instrumentos de los que puede disponer el transporte público, que es crítico como servicio público y para hacer realidad los objetivos de transición ecológica”.
Un punto de inflexión pendiente de decisiones
La conclusión del informe es clara: el marco normativo ya está definido, la demanda crecerá y las necesidades económicas están cuantificadas. El reto ahora es político y financiero.
Sin una reforma en profundidad del sistema de financiación, advierten desde el sector, será difícil asumir el salto tecnológico y de capacidad que exige la próxima década. La oportunidad, sin embargo, también es evidente: transformar el transporte público en el eje de la movilidad sostenible en España.