Madrid, 3 de junio de 2026 – El transporte público está llamado a convertirse en la “punta de lanza” del cambio de modelo de movilidad en España. Así lo defendió Lucía Martínez Riveiro, directora general de Estrategias de Movilidad del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, durante su intervención en el congreso de ATUC sobre financiación del transporte urbano celebrado este miércoles.
En su ponencia, centrada en el impacto de la futura Ley de Movilidad Sostenible, la responsable ministerial subrayó que la norma introduce un giro conceptual profundo: “pasar de un modelo centrado en el vehículo privado a uno enfocado en las personas y sus necesidades de desplazamiento”.
La movilidad como derecho
Uno de los principales cambios que introduce la ley es el reconocimiento de la movilidad como un derecho. Según explicó Martínez Riveiro, este enfoque implica garantizar el acceso a servicios esenciales como el trabajo, la educación o la sanidad en condiciones de igualdad.
La directora general destacó que este principio resulta especialmente relevante para colectivos como jóvenes o personas mayores, para quienes un transporte público accesible y asequible constituye una condición básica para su autonomía y desarrollo cotidiano.
Descarbonización con enfoque social
La ley también busca avanzar en la descarbonización del transporte, responsable de aproximadamente un tercio de las emisiones de gases de efecto invernadero.
No obstante, la representante del Ministerio insistió en que esta transición debe ser “justa”, teniendo en cuenta las diferencias entre territorios. En este sentido, defendió la necesidad de adaptar las políticas a realidades diversas, como la de las grandes ciudades frente a los entornos rurales, para evitar desigualdades.
Financiación: el papel clave del FECMO
La financiación del sistema fue otro de los aspectos centrales de la intervención. La ley contempla la creación del Fondo Estatal de Contribución a la Movilidad Sostenible (FECMO), concebido para apoyar tanto el funcionamiento de los servicios como las inversiones vinculadas a sostenibilidad, digitalización y accesibilidad.
Además, el Plan Social para el Clima movilizará cerca de 9.000 millones de euros en políticas de transporte. De esta cantidad, alrededor de 965 millones estarán destinados a promover un transporte público más asequible, mientras que otros 700 millones se orientarán a reducir la dependencia del vehículo privado en áreas rurales.
El impulso del abono único
Entre las medidas más destacadas figura el denominado “abono único”, un sistema integrado inspirado en modelos europeos que busca simplificar el uso del transporte público.
Según los datos aportados durante la ponencia, en su fase inicial —puesta en marcha en enero— se han vendido más de 445.000 títulos, con una notable acogida entre menores de 26 años.
El Ministerio prevé ampliar progresivamente su alcance y desarrollar una modalidad social dirigida a colectivos vulnerables.
Intermodalidad, datos e innovación
La nueva ley también apuesta por reforzar la intermodalidad, facilitando la combinación de distintos medios de transporte y promoviendo infraestructuras como aparcamientos seguros para bicicletas o la adaptación de trenes para su transporte.
En el ámbito de la gobernanza, se creará el Foro Territorial de Movilidad Sostenible como órgano de cooperación entre administraciones, mientras que el Espacio de Datos Integrado de Movilidad (EDIM) permitirá centralizar información para impulsar la innovación y mejorar la toma de decisiones.
Hacia un sistema más sencillo y accesible
Durante su intervención, Martínez Riveiro defendió que la simplificación del acceso al transporte público es clave para incrementar su uso: “cuanto más fácil y sencillo sea utilizarlo, más gente optará por él”.
La futura Ley de Movilidad Sostenible, concluyó, pretende avanzar hacia un sistema más integrado, accesible y asequible, contribuyendo a un modelo de país más cohesionado, justo y respetuoso con el medio ambiente.