Según nos informa el abogado y académico Fernando J. Cascales Moreno, ayer se aprobó en el Pleno del Congreso de los Diputados el PLMS, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 90 de nuestra Constitución, el siguiente paso es someterlo a la deliberación y voto del Senado.

El Senado tiene el plazo de dos meses para oponer su veto (mayoría absoluta) o introducir enmiendas al texto. El Congreso, una vez que el Senado haya acordado su posición, ha de ratificar el proyecto, ya por mayoría absoluta (en el caso de veto del Senado), ya por mayoría simple.

El Senado en el plazo de dos meses (plazo que se reducirá al de veinte días naturales en los proyectos declarados urgentes por el Gobierno o por el Congreso de los Diputados), a partir del día de la recepción del texto, puede, mediante mensaje motivado, oponer su veto o introducir enmiendas al mismo. El veto deberá ser aprobado por mayoría absoluta. El proyecto no podrá ser sometido al Rey para sanción sin que el Congreso lo ratifique por mayoría absoluta, en caso de veto, el texto inicial, o por mayoría simple, una vez transcurridos dos meses desde la interposición del mismo, o se pronuncie sobre las enmiendas, aceptándolas o no por mayoría simple.

Indica Moreno, que todo parece indicar, en principio que, aunque el Senado no apruebe el proyecto, éste se convertirá en Ley una vez que vuelva al Congreso para su aprobación definitiva (con posibles modificaciones fruto de enmiendas propuestas por el Senado, tal y como se ha expuesto).

La aprobación de la Ley de Movilidad Sostenible pone fin a más de tres años de tramitación y negociación parlamentaria en el Congreso de un texto que, desde su elaboración como Anteproyecto en 2022, recibió cientos de enmiendas por parte del conjunto de grupos parlamentarios. Es preciso recordar que la aprobación de esta ley constituye una obligación emanada de la Ley 7/2021 de Cambio Climático y Transición Energética, en la que no se quisieron incluir objetivos de descarbonización del sector transporte. En las próximas semanas, el texto aprobado en la Cámara Baja pasará al Senado, donde proseguirá su tramitación.

Durante la tramitación de la ley, las organizaciones han logrado incluir en el texto de la misma los siguientes elementos:

El compromiso en el objeto de la ley de alcanzar la neutralidad climática del transporte en 2050. Esto supone que por primera vez se aplican objetivos de descarbonización total de un sector económico en particular.
El reconocimiento de la multimodalidad, la eficiencia energética, la justicia social y la inclusividad como principios rectores del sistema de movilidad.
La obligación para las empresas con más de 200 empleados de elaborar planes de movilidad sostenible al trabajo. Inicialmente, el proyecto de ley tan solo contemplaba esa obligación para las empresas de más de 500, las cuales apenas representan un 1% del total.
La obligación de elaborar una estrategia estatal contra la Pobreza de Transporte, y la inclusión de su definición.
La revisión del sistema de etiquetado ambiental de la DGT, de manera que incluya las emisiones de CO2 de los vehículos.
La eliminación de la mención explícita del gas natural licuado -de origen fósil- como combustible prioritario en el transporte marítimo.
El impulso de la eliminación de los vuelos domésticos con alternativa ferroviaria de hasta 2,5 horas.
La recuperación de trenes nocturnos y de conexiones ferroviarias con el resto de países de la Unión Europea.
La elaboración de una estrategia estatal de impulso del uso de la bicicleta.
La promoción de la movilidad infantil en la planificación de los entornos urbanos.

PRIMERAS REACCIONES

La agrupación ECODES afirma «la Ley no está a la altura de los tiempos, pero constituye una buena base a partir de la cual seguir trabajando«.

Tras un intenso debate y una ajustada votación, el Pleno del Congreso ha dado luz verde esta tarde a la Ley de Movilidad Sostenible, con los votos a favor de PSOE, Sumar, ERC, Junts, EH Bildu y PNV, la abstención de Podemos y los votos en contra del Partido Popular, Vox y UPN.

Las 15 entidades que forman parte de ECODES afirman: “La Ley de Movilidad Sostenible constituye un paso adelante en la descarbonización del sector transporte-movilidad. A pesar de que el texto no presenta la ambición que nos hubiera gustado, contiene elementos significativos con capacidad real para reducir los impactos del sector y mejorar la vida de las personas, la salud pública y el medio ambiente. Desde las organizaciones de la sociedad civil hemos trabajado intensamente en estos últimos años con el objetivo de introducir mejoras en el texto de la ley”.

El sector del transporte es, de forma indiscutible, el principal responsable de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en España. En 2024, este sector contribuyó con el 33,3 % del total de las emisiones de GEI, según los datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. En particular, el transporte por carretera fue, por sí solo, el responsable del 32,1 % del total de dichas emisiones.

Además, el transporte es uno de los principales responsables de los altos niveles de contaminación atmosférica, especialmente en el ámbito urbano. Según la Agencia Europea de Medio Ambiente, en 2022 se contabilizaron en España 30.000 muertes prematuras, 18.500 por partículas inferiores a 2,5 micras de diámetro (PM 2,5), 5.500 atribuibles al dióxido de nitrógeno (NO₂) y 6.100 por exposición a ozono troposférico.

Las 15 entidades que forman parte de ECODES afirman: “Instamos a los grupos políticos y al Gobierno a profundizar en los diferentes elementos de la Ley para avanzar hacia un sistema de transporte y movilidad realmente justo y sostenible. La Ley no está a la altura de los tiempos, pero constituye una buena base a partir de la cual seguir trabajando”.

Y añaden, “Esta coalición de entidades sociales, sindicales, ecologistas, ambientales y juveniles se congratula de que finalmente la abstención de Podemos haya permitido sacar adelante la Ley de Movilidad Sostenible. Y confía en que este sea el punto de partida para seguir avanzando en la implementación de políticas de movilidad y transporte, incluidas sus infraestructuras, ambiciosas y coherentes desde los puntos de vista social, ambiental y climático”.