Un total de 270 empresas han desaparecido estos últimos años llegando hoy el sector a tener un total de 2.888 empresas, según informaba el presidente de CONFEBUS, Rafael Barbadillo, la asociación que representa al 70% del sector.

Barbadillo pidió un nuevo fondo de ayudas al sector de 1.100 millones de euros, y más ayudas al gasóleo, de 40 céntimos en vez de 20. Además, pidió que las ayudas por vehículo se diesen con carácter trimestral.

Rafael Barbadillo hizo un rápido repaso a la situación del sector aportando algunos datos como que en los dos últimos años han desaparecido más de 270 empresas, según el propio registro del MITMA, y las que sobreviven, menos de 3.000 acumulan una gran cantidad de deuda. Destacó igualmente que es urgente actualizar los precios de muchos de los contratos de gestión de los servicios públicos de transporte y de los de transporte escolar, ante el alza del precio de los combustibles, a riesgo de que si no se realiza muchas empresas no puedan seguir prestando esos servicios.

Asimismo, el presidente de CONFEBUS considera necesario que las ayudas para el combustible, puestas en marcha por el Gobierno, se mantengan para el transporte profesional y se incremente el descuento de 20 céntimos por litro a 40, así como que el gas tenga un tratamiento diferenciado y se repita la ayuda directa por vehículo para cada trimestre, incluyendo a los vehículos que realizan transporte urbano.

En este contexto, destacó también que se hace imprescindible realizar cambios en la Ley de Desindexación de la Economía Española para excluir al sector de la aplicación de esta norma, porque no favorece la actividad empresarial e impide el equilibrio económico de los contratos, además de tensionar el diálogo social.

Con respecto a la elaboración de los nuevos mapas concesionales autonómicos y nacional, Rafael Barbadillo aseguró que la coordinación entre los distintos mapas para que el transporte público sea percibido como una única red. “El modelo concesional funciona y es un ejemplo de éxito de la colaboración público-privada en la prestación de un servicio público de primera necesidad y estratégico para la cohesión social”, aseguró, confirmado que la filosofía de combinar líneas rentables y otras que no lo son, asegura la prestación del servicio público “si aquellos tráficos de transporte regular que, aisladamente considerados, tuviesen ratios de rentabilidad aceptables, básicamente los destinados a conectar grandes poblaciones entre sí, fuesen excluidos de los actuales contratos de servicio público, el conjunto de la red se vendría abajo”.

En cuanto al Anteproyecto de Ley de Movilidad Sostenible considera que necesita de mayor precisión en muchas de las definiciones y conceptos que introduce y que es deseable no crear nuevos organismos sino ampliar la composición y competencias de órganos como el Consejo Nacional de Transporte Terrestre.

También manifestó su preocupación por la financiación del transporte público, que no debe limitarse solo al ámbito urbano y metropolitano y que debe ampliarse a todo el sistema de la movilidad, incluyendo los transportes interurbanos de media y larga distancia.

Por tanto, se ha solicitado que la Administración General del Estado que asuma la obligación de dotar el presupuesto necesario para cumplir con los compromisos derivados de la Ley, siendo necesario que se acompañe de una memoria económica que garantice la generación de recursos para cumplir con sus disposiciones.

El presidente de CONFEBUS concluyó su comparecencia afirmando que “el autobús es un sector
estratégico para la economía y sociedad españolas, que garantiza la movilidad de millones de personas cada día, asegura el acceso a los servicios básicos del estado del bienestar, como la sanidad, la educación o el trabajo, y es un actor clave de la cadena y oferta turística. Y precisamente por esta razón, la Administración debe tomar las medidas pertinentes para garantizar la viabilidad y el desarrollo del sector del transporte en autobús”.