La ciudadanía española ve cada vez más al transporte profesional como un actor clave en la transición hacia una movilidad sostenible. Según una encuesta encargada por Geotab, líder mundial en soluciones de vehículos conectados, el 73% de los encuestados considera que las empresas de transporte y reparto deberían electrificar sus flotas, y un 33% reclama que lo hagan cuanto antes.
A pesar de este respaldo mayoritario, existe una brecha entre la expectativa social y la disposición a asumir sobrecostes: únicamente un 15% de los consumidores estaría dispuesto a pagar más por una entrega realizada con vehículos eléctricos. El dato subraya la necesidad de abordar la electrificación desde modelos eficientes y competitivos que no encarezcan el servicio.
La preocupación por el impacto ambiental del sector también es elevada. Un 32% identifica al transporte de mercancías como una de las principales fuentes de contaminación, solo por detrás del vehículo privado (50%). Las entregas de paquetería reciben un señalamiento específico por parte del 12% de los encuestados. En regiones como Canarias y Galicia la percepción es aún más pronunciada, con un 67% y un 58% respectivamente vinculando la actividad logística con la contaminación.
“Esta encuesta ilustra perfectamente el principal reto de la transición energética: equilibrar la demanda social con la realidad económica”, explica Iván Lequerica, vicepresidente de EMEA en Geotab. “La oportunidad está en analizar el coste total de propiedad y aprovechar modelos de negocio más eficientes para lograr una transición sostenible y rentable”.
Geotab sostiene que la electrificación no solo responde a una exigencia social, sino que representa una oportunidad empresarial tangible. Según su informe Juntos hacia un futuro cargado de vehículos eléctricos, el 43% de los vehículos de flotas públicas y privadas en España ya cumple las condiciones para ser sustituido por un modelo eléctrico en términos de autonomía y coste total. La transición permitiría ahorrar hasta 18.800 litros de combustible por vehículo —unos 12.000 euros— y evitar 43 toneladas de CO₂ en siete años. Además, los Certificados de Ahorro Energético (CAE) ofrecen un incentivo adicional al premiar la eficiencia y generar retornos directos para las empresas.
La viabilidad de este proceso depende, según la compañía, de garantizar autonomías adecuadas y costes totales de propiedad competitivos respecto a los motores de combustión. Una estrategia basada en datos permitiría avanzar hacia una “sostenibilidad pragmática”, en la que el cumplimiento medioambiental y la eficiencia operativa se refuercen mutuamente.