El documento coincide con el MITMA a la hora de considerar aspectos clave como la financiación, la sostenibilidad, las políticas europeas o la digitalización del transporte

También advierte de las carencias o límites que considera que presenta el actual anteproyecto de Ley y que requieren un “análisis exhaustivo”

Asimismo, contempla como posible solución el desarrollo de otra ley específica sobre la “Financiación de las Infraestructuras para una Movilidad Sostenible”

La Asociación Española del Transporte (AET) ha elaborado un informe sobre el anteproyecto de Ley de Movilidad Sostenible y Financiación del Transporte. En este documento, la AET considera “muy positiva la iniciativa de tramitar y aprobar una ley para la movilidad sostenible y la adecuada financiación del transporte” ya que, según recuerda, “la movilidad está vinculada, por su propia naturaleza, a libertades esenciales”.

A la hora de diseñar la nueva norma que regule el sector, la AET también coincide con el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA) en la necesidad de considerar aspectos clave como la revolución digital (que ha alterado los modelos de negocio tradicionales) o la nueva política europea en materia ambiental (Green Deal).

Advertencias

Sin embargo, esta entidad advierte que el anteproyecto omite el principio de neutralidad tecnológica, así como recuerda la importancia de “afinar la técnica legislativa para aprobar el anteproyecto, persiguiendo un correcto engarce con el resto del ordenamiento jurídico”. Por otra parte, insiste en que se debe solucionar el “grave problema” de la fragmentación administrativa y operativa del sistema de transportes y logístico en España.

Además, la AET sostiene que el anteproyecto se caracteriza por la parquedad e insuficiencia de medidas concretas para el fomento de la intermodalidad”. En materia de financiación del transporte, también considera que las medidas son insuficientes. Asimismo, el informe destaca que, desde la AET, “hacemos un llamamiento a no incrementar artificial o innecesariamente las cargas administrativas para los operadores del transporte y el sector en general”. En definitiva, el informe recomienda