La asociación reclama una auditoría de los fondos públicos destinados al autobús y cuestiona el destino de millones de euros en subvenciones y contratos públicos subvenciones y fondos públicos destinados al transporte de viajeros durante la etapa de Óscar Puente al frente del Ministerio de Transportes. La organización, que representa a más de 700 empresas de transporte discrecional por carretera, considera necesario analizar cómo se han distribuido estos recursos y si han contribuido realmente a mejorar los servicios ofrecidos a los ciudadanos.
Madrid. La asociación empresarial Direbús ha elevado el tono de sus críticas hacia la política de ayudas públicas aplicada al transporte de viajeros en los últimos años y ha confirmado su intención de acudir al Tribunal de Cuentas para solicitar una auditoría de los fondos destinados al sector durante el mandato de Óscar Puente como ministro de Transportes. Según la organización, resulta imprescindible conocer el destino de estos recursos, los criterios empleados para su reparto y los efectos reales que han tenido sobre la calidad y la prestación de los servicios.
La patronal sostiene que iniciativas como el programa Verano Joven o el Abono Único han supuesto importantes desembolsos de fondos públicos que, a su juicio, han beneficiado principalmente a determinados grandes operadores sin que ello se haya traducido en mejoras proporcionales para los usuarios ni en una corrección de los desequilibrios competitivos existentes en el mercado. Por ello, solicitará que se revisen los proyectos financiados, los criterios de adjudicación y la justificación de los recursos empleados.
Foco en los contratos de transporte alternativo de Renfe
Uno de los aspectos que Direbús considera prioritario analizar son los servicios de transporte alternativo por carretera contratados por Renfe Viajeros. La asociación recuerda que, según datos publicados por la propia compañía ferroviaria, el importe adjudicado a estos servicios pasó de alrededor de siete millones de euros en 2020 a más de 94 millones en 2025, lo que representa un incremento superior al 1.100% en cinco años.
Para el presidente de Direbús, Alfonso Taborda, esta evolución justifica una revisión exhaustiva del uso de los fondos públicos destinados a este ámbito. La organización defiende que los ciudadanos tienen derecho a conocer cómo se emplea el dinero procedente de los impuestos y si las ayudas concedidas cumplen los objetivos para los que fueron creadas.
Petición de responsabilidades tras la crisis ferroviaria
La iniciativa llega además en un contexto marcado por la reciente crisis ferroviaria y las dimisiones de Óscar Puente y del expresidente de Adif, Luis Pedro Marco de la Peña. Aunque Direbús ha trasladado sus condolencias a las víctimas y familiares afectados por el accidente ferroviario de Urda, considera que las responsabilidades políticas y de gestión deben analizarse más allá de estas renuncias.
En este sentido, la asociación reclama que también se examine la actuación de los órganos directivos de Renfe y Adif durante este periodo y defiende la necesidad de recuperar la confianza ciudadana en el sistema de transporte. Paralelamente, aprovecha para reivindicar el papel del transporte por carretera y del autocar, destacando sus elevados estándares de seguridad y fiabilidad.
La patronal pone el foco en el fuerte incremento de los contratos de transporte alternativo de Renfe, que superaron los 94 millones de euros en 2025.
La asociación pide depurar responsabilidades tras la crisis ferroviaria y reivindica la seguridad y fiabilidad del transporte en autobús.
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