Los pasados días 7 y 8 de julio se celebró en Santander el curso de verano de Confebús 2024-2025, cuya temática giró entorno a los pliegos de los concursos públicos y las licitaciones. Durante el curso la patronal presentó su informe de recomendaciones para la realización de pliegos para los concursos públicos, un informe que agradecieron allí mismo algunos representantes de transporte de diferentes CC.AA. y cuyo contenido trasladaremos en breve, pero que sin duda trata de establecer criterios objetivos que eviten la carrera de precios en las que muchas veces se convierte un concurso público.
Durante las intervenciones de los responsables de estas CC.AA quedó patente su preocupación por contar con un desarrollo concesional coordinado con el Estado para no perjudicar a los ciudadanos con unos mapas que dejen a poblaciones cercanas sin conectar simplemente por pertenecer a diferentes autonomías.
A continuación recogemos las conclusiones del curso transmitidas por el presidente de CONFEBUS, Rafael Barbadillo.
1. Garantía de cohesión territorial, inclusión social y acceso a derechos básicos. Las licitaciones públicas de todos los servicios de transporte en autobús (escolares, regulares urbano e interurbano…) son esenciales para asegurar el derecho a la movilidad de todos los ciudadanos, especialmente en zonas rurales o de baja densidad, reforzar la cohesión social y territorial y consolidar un país más vertebrado y equitativo. La planificación de servicios y sus correspondientes licitaciones deben responder a una visión coordinada entre administraciones para una movilidad más integrada y racional.
2. Movilidad educativa segura, planificada y eficiente. El transporte escolar, contratado tanto por administraciones públicas como por centros privados, debe licitarse con criterios de calidad, seguridad y estabilidad, priorizando la seguridad, la continuidad del servicio, la profesionalización del sector y la cobertura total de las necesidades educativas.
3. El transporte discrecional como motor del turismo y la economía. En un país como España, potencia mundial del turismo, las licitaciones y contrataciones de servicios discrecionales y turísticos en autocar, tanto por grandes contratantes públicos como privados (eventos, congresos, cruceros, tour operadores), son clave para la competitividad de la industria turística. Deben garantizar condiciones justas para las empresas, evitando prácticas de infravaloración del servicio que perjudican la calidad y el empleo.
4. Pliegos de contratación: herramienta clave para garantizar licitaciones justas y sostenibles. El contenido de los pliegos es determinante para grantizar un buen servicio de transporte público. Deben incluir criterios claros de calidad, sostenibilidad, información, experiencia profesional, condiciones laborales y garantías de viabilidad económica, evitando la carrera en precios.
5. Escasez de conductores: un desafío estructural a abordar desde la contratación pública. La falta creciente de conductores profesionales se ha convertido en un problema estructural y amenaza la prestación de servicios esenciales, especialmente en las zonas turísticas. Las licitaciones deben contemplar condiciones laborales dignas, estabilidad contractual y márgenes adecuados para permitir la formación, fidelización y relevo generacional en las plantillas. Urge abordar la reforma de la Ley de Desindexación, que dificulta la revisión de precios conforme a los costes reales, impidiendo negociar mejores condiciones laborales y desincentivando la incorporación de nuevos profesionales al sector.
6. Fortalecimiento del modelo de colaboración público-privada como base del sistema de transporte. El transporte en autobús en España se basa en una estructura mixta sólida entre administraciones públicas y operadores privados. Este modelo debe ser reforzado mediante licitaciones que garanticen seguridad jurídica, contratos viables y reglas de juego estables para todos los actores.
7. Seguridad y calidad por encima del precio: valor estratégico de los contratos públicos. Es imprescindible abandonar el paradigma del precio más bajo y consolidar un enfoque centrado en la mejor relación calidad-precio, alineado con las prioridades públicas y que premie la eficiencia operativa, la sostenibilidad, la accesibilidad, la innovación y el bienestar del usuario.
8. Licitaciones transparentes y competitivas. Los procesos deben regirse por principios de transparencia, integridad y libre competencia, pero también alinearse con los objetivos políticos de movilidad sostenible, equidad territorial y desarrollo local, a través de una contratación pública más estratégica e inteligente que fomente un entorno empresarial basado en la calidad del servicio y la integridad.
9. Reforma y actualización del marco regulador para dar estabilidad al sector. Es necesario abordar la reforma del marco normativo vigente que actualmente genera incertidumbre jurídica, dificuta la inversión y obstaculiza la financiación adecuada de los contratos públicos para reforzar el servicio público y garantizar su viabilidad, permitiendo contratos sostenibles, dotados de fórmulas realistas de revisión de precios y adecuados mecanismos de financiación pública.
10.Licitaciones como herramienta de transición ecológica y resiliencia económica. Las licitaciones en el transporte deben ser utilizadas para impulsar la transición hacia una movilidad más limpia y digital, contribuyendo a una economía baja en emisiones, generadora de empleo estable y capaz de resistir mejor futuros desafíos estructurales o coyunturales.