Jue. Jun 13th, 2024

Ante la reciente evolución de los acontecimientos relativos al servicio de transporte escolar en los centros públicos de Euskadi, las Asociaciones del Sector, AGRUPACIÓN ALAVESA DE TRANSPORTE DE VIAJEROS, ANETRA, ASINTRA-EUSKADI y AUNDI informan a la opinión pública de que un número importante de sus asociados afectados, en su gran mayoría pequeñas y medianas empresas familiares vascas, se han visto obligados a recurrir la Orden de ejecución forzosa firmada por la Consejería de Educación.


Los operadores consideran que la Orden del Gobierno vasco para la prestación forzosa del servicio de
transporte escolar no se ajusta a Derecho y quieren comunicar a la sociedad vasca que la ausencia de
tiempo material suficiente desde su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco el pasado día 5 de
septiembre para organizar y disponer adecuadamente los recursos necesarios imposibilita la prestación del servicio.


Las empresas afectadas manifiestan, además, no poder comprender por qué después del compromiso
personal adquirido por el Consejero de Educación hace más de un año para solucionar el problema
derivado de las condiciones de licitación -que comprometen gravemente la rentabilidad y viabilidad
empresarial de los operadores y explican el gran número de licitaciones que han quedado desiertas-,
éste no haya querido reunirse con el sector a pesar de las reiterados llamamientos realizados en ese
sentido por los operadores durante los últimos meses.


De la misma manera, las empresas del sector consideran injustas y para nada merecidas las graves
acusaciones vertidas por el Consejero de Educación el pasado viernes, antes de que se publicara la
Orden recurrida. Máxime cuando el propio Gobierno vasco, a los pocos meses de alcanzar el acuerdo
que posibilitó la continuidad del servicio durante el curso 2022/2023, reprochó que los operadores
pretendieron con el mismo perpetuar su situación y evitar una licitación.


En cualquier caso y sin perjuicio de los recursos interpuestos contra la Orden de la Consejería de
Educación, los operadores continúan manteniendo su disposición a que se resuelva la situación de una
manera que les permita competir por el servicio de transporte escolar en unas condiciones mínimas de
rentabilidad y seguridad jurídica, las cuales no se dieron ni en las últimas licitaciones convocadas en
2023 y que quedaron, como también sucede en otros sectores, desiertas mayoritariamente el pasado
mes de julio, ni tampoco en las que fueron anuladas por el OARC en 2021 y 2022.

Por Mayte

Periodista especializada en movilidad y transporte público de viajeros. Editora de las revistas Carril Bus y City Motion

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