El experto jurista Fernando José Cascales Moreno desgranó hoy en FERIA BUS, Málaga, las claves de una normativa que condiciona 10.000 millones de euros de fondos europeos, pero advierte sobre el riesgo de un «exceso de intervencionismo».
Estos son las principales claves de la Ley de Movilidad según el expertos:
- Hito económico: La ley es la llave para desbloquear 10.000 millones de euros de los fondos Next Generation de la UE.
- Equilibrio territorial: El sistema concesional se mantiene como el único capaz de garantizar servicios en la «España Vaciada» frente a la pobreza de transporte.
- Crítica técnica: Cascales advierte que el texto elude el concepto de movilidad «inteligente», ignorando el papel crucial de la IA en la reducción de emisiones.
En el marco de la primera edición de la Feria Bus, que se celebra hoy y mañana en la capital de la Costa del Sol, el sector del transporte de viajeros por carretera se ha dado cita para analizar el futuro legal de su actividad. La ponencia central, a cargo de Fernando José Cascales Moreno —exdirector general de Ferrocarriles y Transportes—, ha puesto el foco en el Proyecto de Ley de Movilidad Sostenible (LMS), una norma que el experto define como «meritoria por su complejidad» pero con importantes lagunas en su aplicación práctica.
Un imperativo europeo
La aprobación de la LMS no es solo una voluntad política, sino un requisito indispensable para la llegada de capital extranjero. Según Cascales, esta ley es uno de los hitos acordados con la Comisión Europea para el desembolso de los fondos Next Generation EU, estimándose en 10.000 millones de euros la cantidad vinculada a su aprobación. El objetivo final es alcanzar la neutralidad climática en el año 2050 a través del llamado «paquete normativo de movilidad de la UE».
«Su aprobación es imprescindible para recibir la cantidad de 10.000 millones de euros de los fondos Next Generation».
Luces y sombras: ¿Exceso de control?
A pesar de reconocer mejoras tras las enmiendas del sector —especialmente las impulsadas por la patronal CONFEBUS—, Cascales ha sido crítico con el enfoque de la ley. A su juicio, se trata de un texto «demasiado intervencionista» que podría limitar la libertad de elección de los usuarios.
Uno de los puntos más controvertidos es el olvido de materias transversales. Según el ponente, la ley adolece del defecto de omitir cuestiones esenciales como el urbanismo, la fiscalidad del transporte o la necesaria desindexación de la economía española, que impide valorar costes reales en el restablecimiento del equilibrio económico de las concesiones.
El futuro del mapa concesional y la «España Vaciada»
Cascales ha destacado la importancia de que la ley finalmente mantenga el sistema concesional de explotación exclusiva, un modelo vigente desde 1924 que garantiza la cohesión territorial. No obstante, advirtió sobre la aplicación del nuevo mapa concesional estatal:
- Riesgo de exclusión: La nueva red prioriza las conexiones entre capitales y nodos principales, lo que podría dejar a miles de poblaciones intermedias sin servicio directo si no hay una coordinación milimétrica con las comunidades autónomas.
- Financiación limitada: El Estado fija que las subvenciones no superarán el 50% de los costes operativos, dejando el resto en manos de las tarifas de los usuarios o aportaciones de otras administraciones.
- Transporte a la demanda: Se introduce esta figura en la LOTT como herramienta clave para combatir la «pobreza de transporte» en zonas rurales de baja densidad.
Hacia la digitalización total
La ponencia también subrayó el avance hacia una administración sin papeles. La LMS prescribe la digitalización obligatoria de la hoja de ruta en un plazo de diez meses tras su entrada en vigor, así como una mayor flexibilidad en la gestión del material móvil para adaptarse a las fluctuaciones de la demanda.