El Real Decreto-ley 9/2026 refuerza el apoyo económico al transporte de viajeros por carretera con ayudas por vehículo para autobuses urbanos e interurbanos, en un contexto marcado por el aumento del precio de los carburantes.
El Real Decreto-ley 9/2026, de 14 de abril, aprobado por el Gobierno y publicado en el BOE, introduce nuevas medidas urgentes en materia de transporte para paliar el impacto del encarecimiento energético. Aunque la norma se centra en gran parte en el transporte de mercancías, las empresas de autobuses también se verán beneficiadas, principalmente a través de ayudas económicas directas.
Según la información trasladada a CARRILBUS por Fernando J. Cascales Moreno, jurista y reconocido experto en transporte y ex alto cargo del Ministerio, el decreto actualiza y amplía las ayudas contempladas en el anterior Plan Integral de Respuesta a la Crisis en Oriente Medio, incorporando expresamente a los autobuses de viajeros.
En concreto, las empresas de autobuses podrán acceder a ayudas directas por vehículo destinadas a compensar parcialmente el aumento del coste de los carburantes. Las cuantías se sitúan en 975 euros por autobús en el caso de vehículos que utilicen combustibles alternativos como GLP, GNC o GNL, y alcanzan los 1.000 euros por unidad para autobuses a gasóleo domiciliados en Canarias, Ceuta o Melilla. Las mismas cantidades se aplican tanto a autobuses urbanos como interurbanos.
Las cuantías actualizadas son las siguientes:
- Autobuses (VDE) con combustible GLP, GNC o GNL: 975 € por vehículo
- Autobuses (VDE) con gasóleo domiciliados en Canarias, Ceuta o Melilla: 1.000 € por vehículo
- Autobuses urbanos con GLP, GNC o GNL: 975 € por vehículo
- Autobuses urbanos con gasóleo en Canarias, Ceuta o Melilla: 1.000 € por vehículo
Estas ayudas tienen carácter extraordinario y temporal y están destinadas a compensar parcialmente el impacto del incremento del precio de los carburantes.
Estas ayudas tienen carácter extraordinario y temporal y están dirigidas a empresas cuyos vehículos no tengan derecho a la devolución parcial del Impuesto sobre Hidrocarburos y no sean de cero emisiones. Su objetivo es aliviar la presión financiera sobre un sector especialmente afectado por la volatilidad de los precios energéticos.
Desde el punto de vista regulatorio, el Real Decreto-ley no introduce cambios en el marco normativo del transporte de viajeros por carretera, ni impone nuevas obligaciones contractuales o tarifarias a las empresas de autobuses. El impacto de la norma para el sector se concentra, por tanto, en el ámbito económico, como medida de apoyo directo a la actividad.
En un contexto de incertidumbre y elevados costes de explotación, el decreto supone un respaldo puntual para las empresas de autobuses, que podrán beneficiarse de estas ayudas como complemento a otras medidas ya en vigor.