El tema es absolutamente grave para las empresas, especialmente pymes y autónomos, que van a ver reducidas o incluso inviabilizadas, las ayudas directas establecidas por el Gobierno a través del RD Ley 5/2021 al establecer el Ministerio de Hacienda que las facturas ya pagadas durante la pandemia no sirven para justificar la recepción de la ayuda.
“Habrá empresas que no hayan podido pagar y les pueda servir; pero¿qué pasa con todos aquellos que han intentado por todos los medios hacer sus deberes pagando sus facturas, autónomos que han dejado de cobrar sus salarios, o empresas que han utilizado todos sus fondos propios y agotado el patrimonio de la empresa y que no han podido acceder a un ICO porque ya estaban demasiado endeudados o simplemente los créditos alternativos que les ofrecieron eran abusivos?” se pregunta el presidente de FETAVE, Cesar Gutiérrez, ante los requisitos de Hacienda de hacer llegar las ayudas directas solo para hacer frente a las deudas financieras y facturas pendientes de pago.
“Los requisitos establecidos por Hacienda castigan a muchas empresas y autónomos que han conseguido, con un esfuerzo titánico, seguir con su actividad sin recurrir al endeudamiento externo incluso con aportaciones de capital del empresario o renunciando a percibir su remuneración como es el caso de autónomos y empresarios propietarios, y también castiga a aquellos que han cumplido con la ley morosidad de pago a proveedores en 30 días, muchas veces tirando de patrimonio personal, frente a los que la han incumplido, incluso por imposibilidad de cumplirla dada su situación, ya que los primeros no tienen facturas pendientes de pago y los otros sí. No solamente es sumamente injusto sino, además, un disparate económico”, afirma Cesar Gutierrez, presidente de FETAVE.
“Si no se alteran estos requisitos no llegarán a darse los 7.000 millones de euros de ayudas directas a las empresas para que estas puedan continuar con su actividad, una parte servirá para reducir el riesgo de la Banca y del ICO a través de reducción de deudas que nada resuelve del problema de subsistencia a corto plazo de las empresas y sobre todo de pymes y autónomos y gran parte de esos 7.000 millones no se gastará por imposibilidad de ello dados los requisitos de Hacienda con los que no se ayudará a ninguna empresa a sobrevivir ni se recuperará un trabajador del paro, pero sí se reducirá el riesgo de las entidades financieras y del ICO que es a quienes se dirigen las ayudas por medio de las empresas endeudadas con ellos.”, afirma Gutiérrez, una afirmación que viene avalada ya por los gobiernos de Castilla-León y Madrid, que ya han iniciado la convocatoria de estas ayudas y son pesimistas respecto a la utilización de los fondos con esos requisitos de Hacienda.
FETAVE quiere destacar que desde que se anunciaron los 7.000 millones de ayudas directas del Gobierno de España a otorgar a través de las CC.AA. y tras casi tres meses del anuncio tras el Consejo de Ministros, salvo Madrid, Castilla y León y Valencia esta misma semana, ni siquiera se ha promulgado el procedimiento de hacerlas efectivas y no se espera que lo que pueda llegar a las empresas, nada que ver con los 7.000 millones, llegue, con suerte, antes de septiembre muy tarde para muchas de ellas incluso sin los requisitos de Hacienda y con estos, más aun. A hoy, según la AIREF, tan solo unos 700 millones de ayudas directas han llegado a las empresas españolas, lo que supone un 0,06% del PIB, mientras países como Alemania, Italia o Francia han dado ya ayudas por encima del 1% de su PIB y Alemania del 3,5%
El principal problema para una real eficacia de las ayudas directas, y que, en su momento, ya trasladó a FETAVE la Comunidad de Madrid y que se ha confirmado con la publicación de la convocatoria por la Junta de Castilla y León, es que la interpretación que el Ministerio de Hacienda establece del art 1.3 del Real Decreto ley 5/2021 referente a las ayudas de que “tendrán carácter finalista deberán aplicarse a la satisfacción de la deuda y pagos a proveedores y otros acreedores, financieros y no financieros, así como los costes fijos incurridos, siempre y cuando éstos se hayan devengado entre el 1 de marzo de 2020 y el 31 de mayo de 2021”, restringe las ayudas directas a que solo podrán hacerse efectivas contra deuda (bancos) y pagos a proveedores y otros acreedores, financieros y no financieros, pero, en este caso ultimo, siempre con facturas pendientes de pago.
Ante esa situación, FETAVE se ha dirigido por dos veces a la Ministra de Hacienda, con fechas del 4 y del 25 de mayo, sin que de momento hayan obtenido respuesta, para solicitar que se modifique la absolutamente restrictiva y, en opinión de FETAVE, contraria al Real Decreto Ley 5/2021, interpretación de exclusiva aplicación a facturas pendientes de pago incluyendo lo referente a “los costes fijos incurridos, siempre y cuando éstos se hayan devengado entre el 1 de marzo de 2020 y el 31 de mayo de 2021” como posibilidad para acceder a las ayudas con lo que éstas si irían a las empresas y no indirectamente en su gran mayoría de lo utilizado de los 7.000 millones a reducir el riesgo de la Banca e ICO.y
La ausencia de respuesta y la consolidación del criterio restrictivo como por ejemplo en la disposición de la Junta de Castilla y León, ha llevado a la asociación a denunciar esta situación no solo ante CEOE de la que forma parte, si no también a ponerlo en conocimiento de todos los grupos parlamentarios del Congreso y de la sociedad a través de los medios de comunicación.
“Esta interpretación de Hacienda del Real Decreto Ley resulta un agravio para las empresas y autónomos que han hecho un gran esfuerzo por hacer frente a los pagos, manteniendo activas sus empresas e intentando no perjudicar a sus proveedores, cumpliendo también la ley antimorosidad”, afirma Gutierrez. En su opinión Hacienda perjudica a quienes más riesgos y compromisos empresariales y personales han asumido durante esta crisis y facilita la aportación de fondos a empresas, incluso potencialmente “zombis” pues, contra más facturas sin pagar más ayudas hasta el límite de la norma tendrán, y es obvío que entre una empresa que ha venido haciendo frente a sus obligaciones hasta el límite de sus posibilidades, e incluso más, y una que las ha incumplido, incluso por imposibilidad económico financiera de su cumplimiento, probablemente la última tenga más dificultades de supervivencia”.
Según indica FETAVE esta interpretación de Hacienda plantea a las empresas la disyuntiva de o incumplir la ley antimorosidad o renunciar a las ayudas, pues solo incumpliendo la ley podrían recibirlas dejando aparte reducir su deuda con las entidades financieras que, en lo inmediato, y sobre todo pymes y autónomos, no es hoy su urgencia ni les va a ayudar a llegar al 2022, porque lo del 2050 de momento no está en su radar que, con poder llegar al 2023, hoy lo considerarían ya un éxito.
Sin perjuicio de lo anterior, FETAVE también solicita a las CC.AA que igualen las ayudas directas del Gobierno de España que les corresponden lo que situaría las ayudas directas en 14.000 millones, un 1,2% del PIB, similares a las de Italia y Francia, aunque lejos del 3,5 de Alemania y que modifiquen en sus normativas la exclusión de las empresas que tuvieron pérdidas no estructurales en 2019, así como una aceleración en la entrega de las ayudas y, por supuesto, al menos en los fondos de las CC.AA. sin la restrictiva interpretación de Hacienda además de presionar a ésta para que modifique su criterio.