La Junta de Extremadura ha abierto el plazo de realización de ofertas de las rutas de transporte escolar para los dos próximos cursos escolares: 2022-2023 y 2023-2024, con posibilidad de prórroga durante otros dos cursos más.

En las bases se establece que el elemento que más peso tiene dentro de la licitación es el precio, con un 55% del total, y que los precios máximos a los que pueden licitar las empresas no pueden superar en ningún caso los vigentes en el año 2016, no siendo tampoco objeto de actualización durante toda la duración del contrato, por lo que al final del periodo que ahora se licita los operadores de transporte estarían cobrando los precios vigentes 10 años antes.

Con estos requerimientos, la Junta de Extremadura está obviando los importantes incrementos de costes, fundamentalmente la subida de los carburantes y el coste de los convenios laborales, que se han producido en los últimos seis años.

Desde LAS ASOCIACIONES REPRESENTATIVAS DEL SECTOR, en una unión histórica en Extremadura al ser la primera vez que sucede, queremos manifestar que, con estas condiciones de licitación, la Junta de Extremadura está impulsando la precarización del sector y, especialmente, de las condiciones laborales de los 900 trabajadores vinculados a esta actividad en nuestra región.

«Resulta inconcebible que en la nueva licitación la administración regional no tenga en cuenta que, desde el año 2016, los costes salariales de los trabajadores del sector según los convenios vigentes se han incrementado en un 8%, y que el coste de los carburantes se ha incrementado en un 76% en el mismo periodo, provocando seguras pérdidas económicas a las empresas adjudicatarias durante el periodo de duración de la ejecución del contrato, con riesgo cierto de cese y abandono de la actividad en un sector esencial como es el del transporte escolar, que, además, da trabajo directa o indirectamente a más de mil quinientas familias», afirman desde las asociaciones empresariales del transporte de viajeros de Extremadura.

Este escenario impulsa la precarización laboral en un sector estratégico como es el transporte escolar en autobús, y requiere que por la Junta de Extremadura se tomen medidas claras al respecto y se establezcan soluciones con el fin de que los incrementos de los costes reales del sector sean reconocidos y compensados a las empresas convenientemente.

Para ello, se ha solicitado por parte de LAS ASOCIACIONES REPRESENTATIVAS DEL SECTOR DE TRANSPORTE DE VIAJEROS una reunión con el Presidente de la Junta de Extremadura participarle tan crítica situación y solicitar de la Administración autonómica, como garante de un sistema equilibrado de prestaciones, que evite de forma urgente la formalización de contratos a pérdidas en estas condiciones tan excepcionales, aportando una solución a esta insostenible situación.

Las asociaciones representativas en el sector de transporte de viajeros por carretera en Extremadura (AGAPYMET, AREBUS, ARTATAXI, ASEMTRAEX y ETRANSA) solicitan reunión con el Presidente de la Comunidad Extremeña para tratar este asunto e intentar buscar una solución a esta crítica situación, estando a la espera de que se les reciba por parte de la Junta de Extremadura.

La mayoría de las empresas prestatarias del servicio de transporte escolar en la región, son de pequeño y mediano tamaño, que su principal forma de subsistencia es el transporte escolar como fuente de ingreso regular, ya que su otra fuente de ingreso es el transporte discrecional de viajeros tan castigado y mermado últimamente por las circunstancias que concurren desde hace más de 2 años.

Los precios máximos que se permiten en la oferta, son idénticos a los precios máximos que se permitieron licitar en al año 2016, por lo que es incomprensible que con las subidas tan brutales de costes derivados de la subida del precio del gasóleo y todos los derivados del petróleo, que son materias primas en este sector (aceites, lubricantes, neumáticos, etc.), las subidas salariales en los convenios de Badajoz y Cáceres que suponen una media de un 8%, el índice de IPC que se encuentra por las nubes, todo ello no se puede repercutir en el precio de prestación del servicio, debiendo ser asumido por el adjudicatario, partiendo de un escenario tan injusto como el que marca el precio licitado como si se prestara el servicio en al año 2.016, con los costes de ese momento.

«Algo incongruente, para una administración que tiene que velar por que ningún contrato público pueda ser ejecutado a pérdidas, permita una licitación con precios máximos idénticos del 2016, y esperamos que la administración tenga la sensibilidad de recibirnos y aportar una solución a la agonía de este sector», indican las asociaciones.