Madrid, 3 de junio de 2026 — El transporte público en España se enfrenta a una “etapa de grandes oportunidades, pero también de importantes retos financieros” impulsados por la transición ecológica y el nuevo marco normativo europeo. Así lo expuso Ricardo Pedraz, consultor de Afi, durante su intervención en el congreso de Atuc celebrado hoy en Madrid, bajo el título“El impacto de la Ley de Movilidad Sostenible en el transporte público. El futuro de su financiación”.
Pedraz presentó un diagnóstico detallado de la situación actual del transporte público urbano e interurbano, advirtiendo de que las nuevas exigencias regulatorias y el previsible aumento de la demanda tensionarán de forma creciente la financiación del sistema.
Una triple presión normativa
El experto identificó tres grandes factores regulatorios que marcarán el futuro del sector. En primer lugar, la ampliación del mercado europeo de derechos de emisión (ETS II), que encarecerá el uso de combustibles fósiles en el transporte. En segundo lugar, la directiva de vehículos limpios, que obligará a acelerar la electrificación de las flotas. Y, en tercer lugar, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, que busca reducir el uso del vehículo privado y fomentará el uso del transporte público.
En concreto, el sistema ETS II supondrá un incremento de costes para los operadores que utilicen combustibles fósiles, al trasladarse el precio de las emisiones a los carburantes. En el conjunto de la UE, la recaudación estimada entre 2027 y 2030 podría situarse entre 46.000 y 84.000 millones de euros, parte de los cuales se destinarán a políticas sociales y de descarbonización.
Electrificación obligatoria y más inversión
Uno de los principales retos será la adaptación de las flotas a las nuevas exigencias medioambientales. A partir de 2026, al menos el 65% de los nuevos vehículos adquiridos deberán ser limpios, frente a una situación actual en la que solo el 13% de los autobuses están electrificados.
Este cambio implicará mayores inversiones, ya que los vehículos eléctricos presentan un coste superior al de los modelos tradicionales. Además, el parque actual, compuesto por unos 18.000 autobuses y 6.500 vehículos ferroviarios, muestra una antigüedad considerable, lo que obliga a intensificar su renovación.
Más demanda y sistemas al límite
A estas exigencias se suma el crecimiento previsto de la demanda. Si se cumplen los objetivos energéticos nacionales, el número de viajes en autobús podría aumentar un 36% entre 2026 y 2030, mientras que el transporte ferroviario crecería un 51%.
Según Pedraz, este incremento se producirá en un contexto en el que muchas redes ya operan cerca de su capacidad máxima, lo que exigirá ampliar servicios, flotas e infraestructuras, elevando tanto los costes operativos como las necesidades de inversión.
Un sistema con baja cobertura tarifaria
El análisis también pone de relieve la limitada cobertura de costes por parte de las tarifas. Actualmente, los ingresos de los usuarios solo cubren el 41% de los costes operativos en el transporte en autobús y el 30% en el ferroviario, lo que evidencia la fuerte dependencia del sistema respecto a la financiación pública.
En este contexto, las necesidades de inversión y gasto operativo asociadas a la transición energética y al crecimiento de la demanda superarán los 60.000 millones de euros entre 2026 y 2030.
El papel clave del nuevo marco financiero
La futura Ley de Movilidad Sostenible introduce instrumentos como el Fondo Europeo de Movilidad (FECMO), que podría cubrir hasta el 50% de los gastos operativos, mejorando significativamente el esquema actual.
Sin embargo, el ponente advirtió de que la financiación de inversiones —especialmente para electrificación— sigue siendo insuficiente y fragmentada, con múltiples fuentes aún por definir y sin un marco claro de aplicación a corto plazo.
Tres claves para asegurar la sostenibilidad
Como conclusión, Pedraz defendió tres líneas de actuación prioritarias: destinar parte de los ingresos del ETS II a financiar el transporte público, consolidar el FECMO como instrumento estructural y desarrollar un sistema de financiación más estable, equitativo y previsible.
El objetivo, concluyó, es garantizar un modelo capaz de sostener la transición hacia una movilidad más sostenible sin comprometer la viabilidad económica de los operadores ni la calidad del servicio.