El director de movilidad de la Xunta de Galicia, Ignacio Maestro Saavedra, ha enviado un comunicado a la Secretaria General de Transportes y Movilidad del Ministerio, María José Rallo, en el que pide al Gobierno central medidas excepcionales para mantener la viabilidad de los contratos de líneas de autobuses y sus empresas, frente la enorme incremento de los precios que se está produciendo desde principios de 2022.
Entre 2019 y 2020 la Xunta llevo a cabo un proceso de renovación de todas las concesiones a través del Plan de Transporte Público de Galicia. Un plan que ha permitido a Galicia tener un modelo de transporte más sostenible, eficiente y más adaptado a las necesidades de la ciudadanía, según señalaba Maestro en su comunicado.
En el mismo, el director de movilidad afirma también que todos los estudios económicos para el desarrollo de los contratos de Galicia se realizaron teniendo en cuenta los datos económicos de 2019 y un mercado estable desde el punto de vista económico.
En esta situación 2022 sorprende con un alto incremento de los precios , especialmente de los combustibles, lo que tiene una enorme repercusión para las empresas de transporte. Y mientras el transporte de mercancías sí ha podido repercutir esas subidas en el incremento de sus costes, los servicios de transporte público – por su tipo de contratos- están sujetos a la ley desindexación, lo que supone que un contrato de larga duración carezca de los mecanismos necesarios para equilibrar costes con ingresos. Teniendo en cuenta que en 2022 los precios se incrementaron un 15% respecto a 2019 y que los precios continúan subiendo en 2023, esto pone en riesgo la propia continuidad de los servicios de transporte.
La Xunta ya puso medidas extraordinarias para hacer frente al incremento del combustible, pero en una coyuntura con un inflación tan importante, esta medida no es suficiente, según afirma Maestro.
Es por este motivo, que el director de movilidad de la Xunta de Galicia, pide al Ministerio de Transportes que contemple medidas extraordinarias, como ya ha hecho con el sector de la obra pública. Pide una revisión de precios excepcional para los contratos de servicio público en los que esta posibilidad no se hubiera recogido en su pliego de licitación.
«Está en juego el futuro de un sector clave para nuestra economía y para la prestación de un servicio público clave para la ciudadanía, y que desempeña un papel fundamental en la vida de las personas», afirma Maestro.